El pasado lunes a las 9:00 p.m. 31 personas, de 42 capturadas el 26 de marzo anterior en el municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, cumplieron 150 días de estar en prisión. Muchos de ellos sin haber cometido delito alguno, nomás por haber asistido a la casa de un vecino de esa población con insuficiencia renal, con el fin de ayudarle a su tratamiento médico.
De acuerdo con familiares de algunos de los detenidos, los policías y militares que realizaron la redada mintieron al menos en dos cosas en las actas de detención: la primera es que todas esas personas, incluyendo 10 menores de edad y dos mujeres, fueron arrestadas entre las 9:00 y 10:00 p.m. del sábado 26 de marzo, y, la segunda, que no fueron arrestadas en una casa destorcer (guarida de pandilleros).
Fuentes policiales cuya identidad se resguarda por seguridad, dijeron que cuando llegaron a practicar algunas diligencias de investigación para fundamentar las más de 40 detenciones, se percataron que la casa donde estaban los imputados era una casa familiar cuyas paredes no tenían ningún grafiti alusivo a pandillas como se mencionaba en las actas policiales.
En las actas se indicaba que la casa estaba rodeada de muros parchado de placazos de las maras, sin embargo, cuando llegaron, los policías investigadores vieron que la casa no tenía muros sino un cerco con tela metálica.
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Además, les sorprendió que el lugar de la captura, una casa destroyer según los documentos policiales, estuviera a menos de 100 metros del puesto policial.
El Diario de Hoy comprobó que la casa donde las 42 personas fueron arrestadas está a pocos metros del puesto policial. Es más, están en línea recta, lo cual permite ver un inmueble desde el otro. Tampoco está circundada por muros.
Luego de los arrestos, se los llevaron a la sede policial y enfrente de la misma los tuvieron hincados a todos, hasta como a las 5:00 a.m. del domingo. “Aquí (en Santa Elena) hay pandillas, no se puede negar, pero es un pueblo chiquito y los policías saben bien quiénes son y quienes no”, afirmó un hombre a quien se le preguntó si en la redada había pandilleros.
Los familiares de algunos detenidos aseguran que si bien no pueden dar fe de que entre los 42 arrestados no hubiera pandilleros, sí pueden asegurar que muchos no tienen nada que ver con esos grupos delincuenciales.
Entre los 42 capturados la noche del 26 de marzo estaban Yonny Alcides Lobos Díaz, de 42 años, y un adolescente de 17, quienes habían venido de Estados Unidos a visitar a sus familiares. Aquel sábado, ambos decidieron asistir a la casa de Iván Romero, con el afán de ayudarle económicamente para sus diálisis.
A ambos los acompañaba Heyber Josué Zelaya Lozano, un joven que hacía poco más de un año que se había graduado de la Licenciatura en Idioma Inglés.
Yonny Alcides recuperó su libertad pocos días después de haber sido capturado, así como el menor. Ambos regresaron de inmediato a los Estados Unidos. Al parecer, el argumento para dejarlos en libertad fue que al vivir fuera de El Salvador, no podrían estar vinculados a grupos de pandillas.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de familiares de las 31 personas que aún se encuentran en prisión, sobre el arresto de algunos, los policías consignaron en las actas de captura que “parecían pandilleros”.
Muchos vecinos de Santa Elena aseguran que entre las 31 personas que capturaron en la fiesta hay muchos que están encerrados injustamente, como el caso de Heyber Josué.
Fraude procesal
De acuerdo con abogados consultados por El Diario de Hoy, el proceso judicial contra todas esas personas debería ser anulado, puesto que los policías y militares que los capturaron habrían incurrido, por lo menos, en el delito de fraude procesal, aseguran.
El artículo 306 del Código Penal señala: “El que en el curso de un proceso penal o inmediatamente ante de iniciarse, alterare artificiosamente el estado de los lugares o la posición o condición de las personas, de las cosas o de los cadáveres con el fin de engañar en el acto de inspección o reconstrucción judicial, o suprimiere o alterare en todo o en parte lo que acreditare la realidad o verdad de lo que se pretendiere conocer, investigar o probar; para inducir a error la actuación o decisión judicial o de la Fiscalía General de la República, será sancionado con prisión de dos a diez años”.
De acuerdo con los abogados consultados, por lo menos en ese delito habrían incurrido los agentes del Estado, al haber alterado la hora de la detención de las 42 personas para hacer creer al juez ante quienes fueron acusados, que habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción.
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Agregan los abogados que los procesos contra ese grupo de personas serían nulos por estar viciados con las alteraciones mencionadas.
No hace fiestas, no tiene dinero para las diálisis
Édgar Iván Romero Rodríguez, tiene 42 años, es el dueño de la casa donde el 26 de marzo la Policía de Santa Elena hizo una redada, durante una de las fiestas que él y su familia organizaba con el propósito de recaudar fondos para hacerse dos diálisis a la semana, pues es paciente renal desde hace poco menos de dos años.
Desde hace varios meses, Édgar Iván consiguió que la alcaldía de Santa Elena le diera permiso para hacer bailes todos los sábados, en los cuales también vendía comida. Muchos de sus vecinos llegaban a bailar, comían, y se retiraban antes de la medianoche.
Con lo que ganaba, Édgar Iván se hacía dos diálisis cada semana, por las cuales pagaba 120 dólares por cada una.
Sin embargo, desde el pasado 26 de marzo, cuando ocurrió la redada, el hombre ya no hace las fiestas por temor. Pero eso lo pone en aprietos porque ya no puede hacerse las diálisis cada tres días, sino hasta que logra reunir los 120 dólares. “Algunos vecinos me regalan algún dinerito y yo lo voy guardando hasta que reúno los 120”, detalla.
Édgar Iván dice que no le gusta hablar de lo que pasó aquella noche cuando los policías hicieron la redada porque no quiere problemas. Lo único de lo que está seguro es que aquella gente había llegado para ayudarle a sobrellevar su enfermedad.
Lo cierto es que aquella acción dejó a Édgar Iván sin la entrada de dinero que le permitía pagar su tratamiento para menguar el sufrimiento que implica ser paciente renal.
De momento, el hombre se dedica a reparar vehículos, aunque les advierte a sus clientes que tendrán que tenerle paciencia pues trabaja una hora y debe descansar dos, por la misma enfermedad.