Representantes de la Asociación de trabajadores retirados de la Policía Nacional Civil (Asores) denuncian una serie de arbitrariedades que han sufrido al ser retirados de manera forzosa de la institución por tener 60 años o más.
En mayo de este año, a petición del Ejecutivo la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que obligó el retiro de unas 3,000 personas de 60 años de edad en adelante.
Francisco Barahona, representante de Asores, explicó que este no fue un decreto consultado, simplemente un día les pidieron que firmaran la renuncia y desde ese momento quedaron fuera de la institución.
Barahona además explicó que no los han indemnizado como establece la ley de un salario por año, sino que solo les entregaron una compensación económica de alrededor de 5,000 dólares, incluso a aquellos trabajadores que llevaban más de 20 años laborando en la Policía.
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“Ellos (los funcionarios) se llenan la boca diciendo que nos han dado un sueldo por año, pero eso es pura mentira” aseguró Barahona.
El representante de los trabajadores retirados expresó que incluso le han enviado una carta al presidente Nayib Bukele para que les indemnice como establece la ley, pero no han tenido respuesta.
Barahona se desempeñó durante 28 años como motorista operativo dentro la Policía. En el ejercicio de sus funciones resultó lesionado en un enfrentamiento armado, lo cual casi le cuesta la vida.
Ernesto Vásquez, exsubinspector de la Policía, explicó que la idea del retiro forzoso se comenzó a visualizar desde el gobierno de Mauricio Funes, pero nunca fue comunicado al personal operativo, sino esa información solo quedó a nivel de oficiales.
“Nosotros nunca nos opusimos al cambio generacional. Lo que sí nos sorprendió fue las condiciones económicas que se pactaron con el famoso decreto” expresó Vásquez.
Vásquez relató que al nivel Ejecutivo les informaron el 19 de abril que había un acuerdo del director de la Policía (el decreto fue aprobado después) para el retiro, por el que les darían 12 salarios y un porcentaje de vacaciones y aguinaldo.
Ese mismo día Vásquez y sus compañeros quedaron fuera de la Policía y les prometieron entregar la compensación económica en los próximos 60 días.
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Vásquez explica que la prisa por sacar a todo el personal antes del 1 de junio era para evitar pagarles el bono de medio año de $400 dólares y un segundo bono establecido por la ley que oscila entre $130 y $180 dólares según el cargo.
Marvin Reyes, del Movimiento de los trabajadores de la Policía (MTP) manifestó que lo que se pide a las autoridades es que “se apeguen a derecho” y que se le pague al trabajador un salario por año trabajado, más la proporcionalidad del aguinaldo, de las vacaciones de medio año.
Según los trabajadores retirados los principales problemas que enfrentan al quedarse sin trabajo son: que ya no cuentan con un seguro médico y muchos padecen enfermedades crónicas, otros se han quedado sin poder seguir pagando sus viviendas y la dificultad de poder encontrar otro empleo por la edad.
Reyes agregó que los despidos de la forma en qué lo han hecho demuestran el desprecio que le tienen al personal.
Las declaraciones de los exempleados policiales fueron brindadas durante una entrevista en la radio YSUCA.