Hace más de una semana, el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que el gobierno implementará una serie de medidas que buscan fiscalizar la compraventa de bienes inmuebles, es decir, propiedades, algo que forma parte de las acciones antievasión que ese ministerio ha venido ejecutando desde hace casi dos años.
Este anuncio ocurrió en un contexto en el que la recaudación tributaria que percibe el Estado ha tenido una caída significativa en comparación con las cifras de 2022, por lo menos hasta mayo, por lo que el fiscalizar el rubro de los bienes raíces podría perseguir la intención de obtener más ingresos por esa vía, aunque según economistas el impacto podría no ser tan importante dentro de las cifras de recaudación de impuestos.
En este sentido, el economista e investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Rommel Rodríguez, apunta que con respecto a los números totales de recaudación, la medida de fiscalizar las operaciones de compraventa de propiedades sí podría tener impacto, aunque no puede calcularse entorno a volúmenes o cantidades en las que podría aumentar, pues la gente que trabaja en ese rubro, en su mayoría, “es gente de bien”.
Lo anterior, según Rodríguez, debido a que el sector de los bienes raíces se basa en actividades jurídicas y llenas de formalidad, algo que hace difícil que un factor como el impuesto a la propiedad se omita, aunque sí señala que podría ocurrir que una persona que vendió su propiedad se olvide o se retrase en el pago de ese impuesto.
En este sentido, el experto en derecho tributario, Max Mojica, señala que la medida debe abordarse desde dos perspectivas: Las empresas constructoras o desarrolladoras de los proyectos de bienes raíces, y el mercado secundario, es decir, propietarios que venden los inmuebles a otros compradores particulares.
Según Mojica, en este mercado hay más espacio para la evasión y elusión tributaria, pero añade que “con la tecnificación de Hacienda ya es casi imposible de que no sea detectada (esa evasión)”, ya que Hacienda se entera de todo por medio del pago del impuesto a la transferencia de bienes raíces que presentan los notarios a través de un formulario específico cada año.
Por ello, señala que “no declarar la ganancia de capital gravada por el 10%, derivada de la venta de un inmueble, que es la forma más común en la que pueden evadirse los controles, es un suicidio fiscal, ya que Hacienda sí o sí, conocerá sobre la operación”.
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Una alternativa para obtener más ingresos
Aún así, y pese a que el sector inmobiliario no tiene mucho margen para obtener mayor recaudación a través de medidas antievasión, el también economista Rafael Lemus señala que esta medida “es una reacción normal” del gobierno para buscar nuevas ventanas de recaudación, esto porque el plan antievasión que ha venido implementando tuvo buenos resultados en 2022, pero en 2023 ya se estabilizó, razón por la cual no han repuntado las cifras de ingresos por la vía de impuestos.
Por ello, Lemus apunta que “la cuerda ya se está topando y, entonces, hay que buscar otras ventanas donde puede haber espacios de evasión, luego cerrarlos y, en este sentido, generar resultados (de recaudación)”.
No obstante, también considera el anuncio de Hacienda puede interpretarse “como un esfuerzo de querer sostener y seguir cerrando espacios a la evasión, aunque esto va a tener rendimientos decrecientes, es decir, que lo normal es que primero vayan por los peces gordos y después ya tirando redes”.
En pocas palabras, Lemus señala que si bien existe la posibilidad de que al inicio de la medida sí logre registrarse un pico en la recaudación a través de la fiscalización de la compraventa de inmuebles, podría ocurrir que luego la tendencia se estabilice y ya no represente aumento en los ingresos para el Estado salvadoreño.
Esto último es comparable con el aumento que representó el plan “jueves de evasores”, con el cual Hacienda se ha estado presentando ante la Fiscalía General de la República con regularidad para interponer avisos de personas y/o empresas que le adeudaban dinero al fisco.
Esta estrategia, tras su primer año de implementación logró que los ingresos por impuestos alcanzaran cifras históricas, sin embargo, Lemus añade que, como esas empresas o grandes deudores a la fecha ya se han puesto al día, ya no van a representar nuevos aumentos a las cifras de recaudación tributaria.
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Esta situación, de hecho, ya ha sido alertada por la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s, la cual señaló en un informe de junio que “prevemos una desaceleración del crecimiento de los ingresos este año, a pesar de la sólida recaudación fiscal reciente derivada de las políticas de lucha contra la evasión y la corrupción”, lo que quiere decir que la recaudación para el final del año será menor a la del año pasado.
Si se revisan los datos de Hacienda hasta mayo, puede verse esta realidad, pues en los primeros cinco meses del año pasado, el total de ingresos por impuestos sumaba hasta $3,190.4 millones, mientras que en ese mismo período de este año, el total asciende a $3,150 millones, es decir, $40.4 millones menos.
En este sentido, los únicos meses que han registrado una recaudación superior a sus pares en 2022 fueron febrero y mayo, con $520.7 millones y $654 millones, respectivamente.
De manera más específica, el IVA en 2023 ha recaudado $1, 272 millones hasta mayo, es decir, $52.8 millones menos que en 2023, mientras que el Impuesto Sobre la Renta ha representado unos $1,550.3 millones en ingresos para el fisco, aunque con un aumento de solo $2.8 millones con respecto a enero-mayo de 2022.
El impuesto a la transferencia de inmuebles ha logrado $22.1 millones, $4.3 millones más que en 2022.