La defensa de cinco líderes comunitarios detenidos en El Salvador, acusados de supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992), pidió a una corte de instrucción que declare el sobreseimiento de la causa penal al amparo de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Así lo informó este martes en un comunicado la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), a la que pertenecen los líderes comunitarios.
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ADES indicó que "dicha normativa fue aprobada en enero de 1992 como parte de los Acuerdos de Paz y fue puesta nuevamente en vigencia por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando derogó la Ley de Amnistía en julio de 2016".
"Bajo esta ley, la acusación contra nuestros compañeros es improcedente", por lo que "exigimos a la jueza de este tribunal sobreseer definitivamente a los líderes comunitarios y cerrar este caso que nunca debió haber iniciado", indicó.
Agregó que "el proceso judicial debe ser revertido, además, por falta de pruebas reales de la existencia de los supuestos delitos y de la participación de los imputados".
"Está demostrado que este caso es una manipulación de la justicia para perseguir a defensores ambientales que representan un obstáculo para las intenciones de reactivar la minería metálica a pesar de estar prohibida por una ley aprobada por unanimidad hace más de siete años", subrayó ADES.
A mediados de mayo pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que los lideres comunitarios "deben ser liberados".
Las personas involucradas en el proceso penal son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
Los señalados, quienes ahora se encuentran bajo arresto domiciliar, son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, quienes estuvieron presos desde el 11 de enero pasado por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.