Juan Francisco Sarceño, Nelson Roberto Olivares, Ernesto Enrique Ramírez, José Ernesto Sigüenza, Juan Alberto Góchez, Lorena Patricia Miranda, Ingrid Elizabeth Ramos y Cindy Gabriela Mendoza, las ocho personas que fueron absueltos el martes 8 de mayo de las acusaciones por homicidios agravados en el proceso conocido como “Caso Chalchuapa”, enfrentaron la audiencia de imposición de medidas el jueves anterior, en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, por nuevos delitos que les imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
A todos, el juzgado les decretó este sábado detención provisional durante seis meses y al proceso penal le fue impuesta la reserva total, de acuerdo con fuentes judiciales.
De acuerdo con las fuentes, los ocho imputados, enfrentarán un nuevo proceso judicial por dos delitos: desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, por los cuales fueron capturados el pasado 11 de mayo, día que les correspondía recuperar su libertad, luego de que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, en Santa Ana, los absolviera, es decir, los declarara inocentes.
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Todos los acusados fueron vinculados a varios homicidios de personas cuyos cadáveres fueron recuperados de fosas clandestinas en la casa del expolicía nacional civil, Hugo Osorio, condenado a 70 años de prisión por dos feminicidios.
La Fiscalía los acusaba feminicidios y homicidios agravados en complicidad de Osorio, quien asesinó a decenas de personas, entre mujeres, niños y hombres, en su vivienda, en el barrio Apaneca, municipio de Chalchuapa, donde había cavado fosas en las que depositaban los cuerpos de sus víctimas.
De acuerdo con abogados consultados, la nueva acusación de parte de la Fiscalía contra las ocho personas absueltas recientemente, no tiene sentido pues al parecer, prácticamente los estarían acusando por los mismos casos y con las mismas pruebas del proceso anterior.
Por su parte, familiares de los procesados aseguran que las nuevas acusaciones no son más que un capricho de la Fiscalía ante el revés judicial que recibieron con la absolución por el Caso Chalchuapa lo cual les ha causado un gran golpe a la imagen tanto a la Fiscalía como a instituciones como la Policía Nacional Civil y Ministerio de Seguridad cuyos funcionarios mencionaron hasta los años que como condena les serían impuestos a las ocho personas.
El 7 de mayo de 2020, cuando el gobierno de Nayib Bukele estaba próximo a cumplir un año en el poder, los salvadoreños fueron sorprendidos con la noticia de que en la casa del expolicía había fosas con muchos cadáveres.
El caso se conoció luego de que una joven intentara escapar, en la noche del 7 de mayo de 2020, de la casa de Hugo Osorio quien ya había asesinado a la madre de la joven. El asesino dio alcance a la joven y también la asesinó, sin embargo, tras los gritos de auxilio, los vecinos alertaron a la policía. Así inició la investigación.
Hugo Osorio fue condenado por dos feminicidios pero la Fiscalía le otorgó régimen de protección para que su testimonio sirviera de base para encarcelar a nueve personas a quienes, según el testimonio del expolicía, “sólo ayudó a echar los cadáveres en las fosas” clandestinas que tenía en su casa.