Tras la presentación del informe "Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de organización", la directora de investigación de Cristosal reveló que el permiso de operaciones de la organización actualmente “está en peligro”.
Rina Montti detalló que desde 2020 han observado una escalada en el nivel de acoso dirigido desde el Estado hacía las principales organizaciones civiles, restricciones de acceso a la información pública, acoso, afectaciones a la libertad de expresión, entre otros.
“Está en peligro el permiso de operaciones de Cristosal” señaló Montti durante un espacio de entrevista televisivo; quien agregó: “nosotros ya preveíamos algunos actos, estamos preparándonos para seguir operando, nos han dado algunos avisos el hecho que haya una persecución desde Hacienda y Gobernación”.
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La organización ha presentado informes detallados sobre el origen de sus ingresos en el Ministerio de Hacienda e incluso se recibió una carta de felicitación por el orden que la entidad mantenía en sus cuentas; sin embargo, recientemente se han presentado señalamientos de la misma institución por registros de años anteriores, así como poner “trabas” para recibir las correcciones de estos, explicó.
Según el informe, de las 71 organizaciones entrevistadas al menos la mitad de ellas han experimentado algún tipo de hostigamiento no solo en materia económica sino también en los permisos para legalizar su funcionamiento.
Esta situación afecta en dos vías, si las organizaciones no cuentan con la personería jurídica no pueden recibir fondos para continuar trabajando y tampoco pueden tener acceso de información, expuso.
Para la organización esto es un claro ejemplo de violencia política debido a que “evidentemente es hacer los cierres de espacios donde pueda haber interlocuciones de la sociedad civil. Somos los únicos que han sido críticos, es una forma de censura”, recalcó la investigadora.
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A escasos meses de realizarse las elecciones en 2024, la investigadora fue cuestionada si estas condiciones podrían llevar a un escenario similar al que se vive actualmente en Nicaragua, a lo que Montti recalcó “no necesitamos tener todas las características que tiene Nicaragua para decir que tenemos una dictadura”.
Aunque la situación entre ambos países es diferente, la representante de Cristosal dijo “no queremos llegar a esos resultados, para frenar el deterioro para llegar al punto que llegó dicho país”.
La narrativa de descalificación hacia las organizaciones que trabajan en favor de los derechos ha sido dirigida desde diferentes plataformas digitales y en casos puntuales por los mismos funcionarios de esta administración, añadió.