Periodista con discapacidad visual señala que Gobierno lo despidió por asistir a marcha

Aquel sábado 19 de octubre de 2024, Rigoberto Escalante salió de su casa temprano, con la intención de asistir a la marcha en la que personal de los ministerios de Educación y Salud exigirían al gobierno de Nayib Bukele, la inclusión del pago del escalafón y el respeto a la Ley de Escalafón en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el presente año.

Aunque para entonces, era empleado del Hospital Nacional Rosales y como tal le afectaba que el gobierno no incluyera en el Presupuesto, el escalafón salarial, Rigoberto asegura que asistió a la marcha no como empleado de salud, sino como periodista, pues haría reportes para “Impacto Noticias”, afirmó a El Diario de Hoy durante una entrevista.

Durante la marcha todo transcurrió normal para Rigoberto, quien a consecuencia del conflicto armado sufre de discapacidad visual. La explosión de una granada le causó varias heridas en el cuerpo y daños irreversibles en sus ojos: en el derecho usa una prótesis y con el izquierdo solo ve un 20 por ciento, asegura.

El lunes y martes siguientes a la marcha transcurrieron normalmente en su ámbito laboral, pero el miércoles sintió que el mundo se le vino encima, cuando lo llamaron del área jurídica del hospital para comunicarle que su plaza había sido suprimida.

Cuando pidió explicación, el jefe del Departamento Jurídico y la Administradora, no le supieron explicar. No le entregaron nada por escrito, no le fundamentaron las razones de su despido, le prometieron que le iban a llamar para entregarle la notificación por escrito pero, a más de dos meses de estar cesante, no lo han hecho.

La plaza de Rigoberto en el Hospital Rosales era de auxiliar de servicio y sus funciones eran la limpieza y orden en los centros de acopio de desechos comunes y desechos bioinfecciosos.

“Ese 19 di cobertura a la marcha, se le hicieron muchas críticas al presidente sobre su forma de gobierno y la crítica periodística no les gusta. Ese 19 di cobertura a la marcha y ya el 23 se me comunica verbalmente sobre la supresión de mi plaza. Asumo y presumo que fue por haber asistido a la marcha, pero con la aclaración de que ese día no trabajaba y asistí en calidad de periodista”, explicó.

No les importó que fuera una persona con discapacidad

De acuerdo con fuentes legales consultadas sobre este tema, El Salvador es firmante de convenios que protegen laboralmente a personas con discapacidad: la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre la discriminación (empleo y ocupacion) y el C159, Convenio sobre la readaptacion profesional y el empleo, entre otros.

“De todos los Instrumentos Internacionales somos Estado Parte y por tanto son leyes especiales pero incumplidas, sobre todo en la parte laboral y derecho a la seguridad social”, afirmó una fuente especialista en leyes, que pidió mantenerse en el anonimato.

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Según Rigoberto, en su caso, es claro que se violó el debido proceso, según la Ley del Servicio Civil y la Ley de Procedimientos Administrativos, la Constitución misma que reza que todo ciudadano tiene derecho al trabajo.

Rigoberto afirma que de momento ha presentado una demanda ante el Tribunal del Servicio Civil, en la que solicita, primordialmente, su reinstalo y que, supone, está bien adelantado porque fue de los primeros, de cientos de empleados, que han recurrido a esa entidad.

De hecho, Rigoberto asegura que fue el primer despedido del hospital Rosales, y que luego ocurrieron un montón de despidos más. “Vi a muchos compañeros y compañeras salir llorando del hospital” aseguró, en referencia a decenas de personas que en los últimos meses del año anterior fueron despedidas del referido hospital.

Según Rigoberto, no ha acudido al Ministerio de Trabajo porque considera que es inoperante y que no va a actuar contra una institución del mismo gobierno, como ya se ha visto en muchos casos. “Es como confiarle una gallina a una zorra”, sentencia.

Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, consultado por El Diario de Hoy al respecto, afirmó que “como Ministerio de Trabajo, estamos comprometidos a hacer uso del debido proceso. Si un empleador violenta la ley, sea este público o privado, nuestra resolución debe estar apegada al estricto cumplimiento de la ley. Si él (Rigoberto) interpone la denuncia, le daremos el trámite que corresponde en base a la ley”. 

Por un millonario préstamo

“Tenemos un gobierno inmisericorde desde lo social y desde lo económico porque no se pone a pensar en la cantidad de familia que quedan sin el sustento de cada dia. En mi caso, este año mi hija comenzará a estudiar el bachillerato”, expuso el periodista.

De acuerdo con Rigoberto, “le robaron hasta el aguinaldo”, prestación a la que tenía derecho por haber trabajado más de seis meses durante el año 2024; además, igual que ha pasado con cientos de despedidos del sector público, no le han entregado ni un cinco como indemnización que, según él, le corresponde.

“Se atenta conta la seguridad alimentaria, la educación y la salud de las familias porque el desempleo no solo genera precariedad económica, también efectos colaterales y alguien que no esté preparado para esto puede llegar hasta un suicidio”, detalló.

Para Rigoberto, la avalancha de despidos que desde finales de 2024 ha estado haciendo el aparato gubernamental, se debe a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Recordemos que el gobierno salvadoreño está aspirando a que le den un crédito de varios miles de millones de dólares y ha impuesto como requisito esos despidos masivos”, argumentó.

Discapacidad a consecuencia del conflicto armado

Rigoberto tiene poco más de 40 años de ver sólo un 20% con un ojo, como consecuencia de la explosión de una granada fragmentaria, casi al inicio del conflicto armado que vivió El Salvador entre 1980 y 1992 y que trajo consigo algunos avances sobre democracia, tras 50 años de gobiernos militaristas.

A pocos días de conmemorarse el 33o. aniversario de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de lucha armada, Rigoberto está viviendo el peor de sus momentos, tras quedarse sin empleo y únicamente con la pensión mínima que le otorgan por ser lisiado de guerra, sin embargo, afirma que no se arrepiente, y que con sangre derramada, de muertos y lisiados, lograron muchos avances en la vida de salvadoreños que actualmente se están perdiendo.

“Hay un retroceso en la democracia. Hablar de democracia es hablar de libertad, de seguridad y autodeterminación social, en este caso hay un tremendo retroceso… Yo no sé si en una cobertura periodística me podrían capturar (después de publicar la entrevista a El Diario de Hoy)… toda esa incertidumbre genera un retroceso. Los que tenemos ya 50 y tantos años lo vivimos ya en gobiernos anteriores, en gobiernos del PCN”, explica.

Pese a su análisis, asegura que no se arrepiente de haber participado en el conflicto armado como combatiente de la exguerrilla porque lo que se tiene es consecuencia de aquella lucha en la que perdió tres hermanos y su padre de crianza, detalla, añadiendo que muchos de esos logros se los han robado. Asegura que, incluso ”en los gobiernos de ARENA (partido de derecha) se podía negociar, se podía denunciar… antes se podía hacer una marcha, una protesta sin temer a un régimen de excepción”.

El Diario de Hoy envió un correo electrónico al director del Hospital Rosales, Yerles Ramírez, solicitando su versión sobre el despido de Rigoberto Escalante, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se recibió respuesta del funcionario.