La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como un acto de intimidación una demanda millonaria contra El Diario de Hoy, de El Salvador, y uno de sus periodistas. La organización condenó el acoso judicial desproporcionado que incumple con los estándares interamericanos que protegen la libertad de prensa.
El empresario Yakov Fauster exige una indemnización de cinco millones de dólares a Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V, que publica El Diario de Hoy, y la misma cantidad a uno de sus periodistas, en reparación por presuntos daños morales.
El caso se relaciona con la reproducción, en un artículo publicado el 14 de enero de 2022, de varios párrafos de una investigación periodística de la revista mexicana Proceso sobre empresas de ciber espionaje, en las que aparece el nombre de Fauster como propietario de una de estas.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, expresó que el "hostigamiento judicial y económico en este caso viola principios elementales de libertad de prensa que deben regir en una democracia". Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, agregó que "la indemnización irrisoria que pretende el demandante busca el ahogo económico para silenciar al medio y al periodista".
El empresario rechazó la información publicada como falsa y reclamó al periódico que le permitiera ejercer su derecho de respuesta, lo que fue concedido el 6 febrero. No satisfecho con ello, inició un proceso judicial de rectificación que derivó en una orden al diario para la publicación de una segunda carta, divulgada el 2 de abril de 2022, tras lo cual se dio por cumplida la sentencia. Sin embargo, en junio de este año Fauster inició el proceso de demanda.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que "estas acciones tienen la intención de amedrentar y buscar el efecto de la autocensura".
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, recordó que en una resolución de la SIP, aprobada en su reciente asamblea anual en Ciudad de México, exhortó "a los tribunales de El Salvador a considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2004 en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, que exime de responsabilidad a los medios por publicar contenidos de otros medios, reprobando una condena por difamación que vulneraba el derecho a la libertad de expresión".