El Salvador ocupa la posición 130 de 180 países, cayendo cuatro posiciones respecto a 2023, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 presentado por Transparencia Internacional (TI).
Según la IPC, el país obtuvo 30 puntos de un total de 100 posibles, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), 1 menos de la calificación obtenida en el año 2023 cuando obtuvo 31 puntos.
A nivel regional, El Salvador se encuentra 12 puntos por debajo del promedio de la región americana que es de 42; en Centroamérica está por encima de Guatemala (25), Honduras (22), y Nicaragua (14). La calificación procede de la información de 7 fuentes de datos, obtenida de diferentes actores públicos y privados.
La tendencia del país ha sido en aumento de la percepción de la corrupción, pues desde 2015 ha caído nueve posiciones.
"Este deterioro ha sido más evidente en la actual gestión gubernamental donde no se han tenido avances significativos y visibles en esta materia, al contrario, se ha profundizado y normalizado el fenómeno de la corrupción", señala Transparencia Internacional capítulo El Salvador.
Durante el período se ha mantenido la cooptación del gobierno sobre las principales instancias de control, como son la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
"En materia de acceso a la información pública persiste la reserva de información y la falta de respuesta de los entes obligados, con la complicidad del ente rector, que ha perdido la relevancia e importancia que tuvo en años anteriores, en donde respondía a los intereses de la ciudadanía para acceder a información pública y no de las instituciones obligadas", agrega TI.
Con relación a las compras en la administración pública, indica que persiste un marco normativo disperso que facilita la discrecionalidad y la opacidad. "La Ley de Compras Públicas no ha sido capaz de fomentar la centralización normativa y, por el contrario, contribuye a la dispersión y a la exclusión de muchos procesos, sobre todo los que deben seguirse en los denominados proyectos estratégicos", añade.
De hecho, la Asamblea Legislativa oficialista ha aprobado una docena de leyes que permiten regímenes especiales de compras públicas para proyectos como el aeropuerto y tren del Pacífico, entre otros.
Además, se excluye la participación ciudadana en la contraloría de los diferentes procesos de compras y contrataciones públicas.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa del gobierno de Ley anticorrupción que crea nueva institucionalidad con las mismas instancias estatales de control y aumentó las penas de cárcel a delitos de servidores y empleados públicos.
Recomendaciones al Estado
"Para Transparencia Internacional es preocupante que los niveles globales de corrupción sigan siendo extremadamente elevados y los esfuerzos por mitigarlos claudiquen, lo que pone de manifiesto la necesidad de aplicar medidas urgentes contra este problema", dice TI.
FUNDE como parte de Transparencia Internacional – El Salvador hace cinco recomendaciones para el combate a la corrupción:
- Fomentar la independencia de las instituciones de control
- Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública
- Fortalecer mecanismos de transparencia en las compras públicas
- Evitar el uso patrimonialista de las instituciones
- Promover las contrataciones abiertas en la Asamblea Legislativa
“El fortalecimiento democrático requiere que las instituciones de control funcionen con total independencia y ejerzan un contrapeso a los diferentes órganos del Estado, por lo que se hace necesario que éstas se desprendan de intereses políticos y actúen apegados a las normas vigentes, evitando la intromisión de agentes externos en la toma de decisiones, sean estos funcionarios de alto nivel o los presidentes de los diferentes órganos del Estado”, señala.
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Agrega que sin acceso a la información y rendición de cuentas es imposible hablar de transparencia, lucha contra la corrupción o promoción de democracia.
“Es necesario que el IAIP, como máximo garante de este derecho, cumpla con el rol para el que fue creado y actúe con total independencia, con la finalidad de garantizar que la población acceda a la información en poder de las instituciones y participe activamente en la contraloría de la gestión pública”, agregó.
Sugiere también que no coexistan otras regulaciones de carácter especial junto con la Ley de Compras Públicas, pues ha vuelven no es aplicable. Además de fomentar la coordinación interinstitucional para que todas las entidades públicas, sin excepción, hagan uso del portal de compras, actualizándolo permanentemente con la información respectiva, y facilitar el acceso a la información para que la ciudadanía pueda ejercer la contraloría de las compras que hacen las diferentes instituciones del Estado salvadoreño.
