Los penales de El Salvador ya estaban hacinados antes del régimen de excepción. Según datos de World Prison Brief (resumen de prisiones en el mundo), hasta diciembre de 2020, la capacidad de los centros penales en el país era de 27,037, pero la población recluida alcanzaba los 37,190 reos. Es decir, había 9,981 reos más hace dos años.
Ahora, según cifras oficiales, desde el 26 de marzo hasta el 11 de mayo, la policía ha capturado un aproximado de 27,831 personas durante el régimen de excepción. Es decir, un promedio de 618 personas cada día. Y la gran pregunta es: ¿en qué situaciones se encuentran los privados de libertad en los centros penales que ya estaban hacinados?
“Estamos con una tasa de personas privadas de libertad mayor que la de Estados Unidos. Y es que ya teníamos alrededor de 37,000 personas detenidas, lo que reflejaba uno de los hacinamientos carcelarios mayores en todo el continente. Ahora sumemos más de 27,000 personas detenidas aproximadamente estaríamos hablando de más de 60,000 personas privadas de libertad en condiciones en las que ya había hacinamiento”, dijo en una entrevista para la radio comunitaria Arpas, la defensora de derechos humanos, Celia Medrano.
La experta aseguró que contrario a la postura del gobierno, el número de privados de libertad no es un número para jactarse porque “meter personas a la cárcel como única práctica y sin plantearlo dentro de políticas vistas a largo plazo de reinserción” no es la solución a la situación de inseguridad actual.
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El último informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en torno a los derechos humanos de los recluidos en los centros penales del país reveló que no se han atendido los problemas estructurales del sistema penitenciario, como su capacidad de albergar reclusos; por lo que lejos de cumplir con la rehabilitación social, en muchos de los casos se convierten en centros de hacinamiento.
“La sobrepoblación y el hacinamiento, resultado de las deficiencias estructurales del sistema, significan condiciones inadecuadas de alojamiento, la escasez de recursos humanos, materiales, logísticos y de otra índole que imposibilita garantizar la mayoría de los derechos de las y los privados de libertad como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal y el derecho a la reinserción social”, detalla el estudio.
Régimen que agrava el hacinamiento
El último fin de semana de marzo ha sido uno de los más violentos del siglo: más de 70 personas fueron asesinadas en el país en un lapso de 72 horas. Y tras las muertes, el gobierno impulsó una campaña de nombre “Guerra contra las pandillas” que incluye no solo las detenciones masivas sino un régimen de excepción que tiene previsto, por el momento, durar 60 días.
Ese régimen ha suspendido varios derechos constitucionales, entre los que están la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir que el gobierno tiene la capacidad de escuchar las conversaciones telefónicas y de interceptar la correspondencia de todos los salvadoreños. También el derecho a defensa que significa que una persona que ha sido capturada no tiene actualmente el derecho de conocer las razones de su detención y tampoco la oportunidad de ser asistido por un abogado.
Esto ha llevado a que en los últimos 40 días, varias personas hayan denunciado capturas arbitrarias, es decir sin justificación del por qué fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. entre los detenidos no solo están miembros de pandillas sino también personas que lograron justificar que sus capturas habían sido arbitrarias.
Hasta el momento, se desconoce si el régimen de excepción que terminará a finales de este mes seguirá prolongándose. Pues el Gobierno ha dicho que en el país hay un aproximado de 60,000 miembros de pandillas, y por el momento, las capturas hechas llegan a casi 30,000.