La utilización de criptoactivos para financiar campañas en las elecciones del 2024 implica graves riesgos al sistema político salvadoreño. Así lo señaló Acción Ciudadana este jueves al presentar el informe "Financiamiento de la política salvadoreña a través de criptoactivos".
Según la organización, la falta de mecanismos de control y regulación respecto al financiamiento de los partidos y candidaturas por medio de activos digitales genera la posibilidad de que fondos ilícitos financien la política del país.
“Hay un grave riesgo para el sistema político salvadoreño por la falta de control, regulación y características inherentes al tipo de transacción que generan los criptoactivos”, dijo el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien explicó que esto puede dar lugar al lavado de activos.
“Las campañas electorales pueden ser lavadero de dinero, también puede venir financiamiento ilegal de campañas, pueden entrar ingresos para financiar terrorismo, puede darse desvíos de fondos públicos para financiar partidos, puede darse financiamiento de gobierno extranjeros, entro otros”, detalló Escobar.
El estudio enfatiza que los activos digitales pueden abrir un espacio de opacidad mayor en el finanaciamiento de la política y que la falta de control puede generar inequidad en la contienda electoral 2024.
“En la práctica, los candidatos reciben aportes ya sea en especie o en dinero para financiar su campaña. Esto se puede agravar con el tema de criptoactivos, porque no están obligados a rendir cuentas ni de los dólares que reciben, ni que gastan, ni quien les dio ese dinero. Ahora con activos digitales va a ser peor porque probablemente ni el partido se dará cuenta”, explicó Escobar.
Estrés para la transparencia
Por otra parte, el informe destaca que la adopción de las criptomonedas en el país implica un mayor estrés para la transparencia de los partidos políticos y candidaturas, por lo que expone tres preocupaciones sobre el financiamiento político mediante esta forma digital.
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En primer lugar, menciona que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no posee la capacidad de fiscalización de las finanzas de los institutitos políticos, que tiene poca acción para tutelar el derecho de acceso a la información de partidos y que tiene limitados los recursos económicos, humanos y tecnológicos para fiscalizar.
También analizó que la naturaleza de los criptoactivos propicia la anonimidad y falta de trazabilidad, que el acceso a los datos de los activos digitales puede ser limitado (no público) y que no existe fiabilidad de los datos generados en este tipo de transacciones.
La tercera preocupación se enfocó en el actuar de los partidos políticos ya que poseen controles financieros internos que son “moderados y aceptables”. De igual manera señala la falta de una política mediante la que se conozcan los clientes dentro de los partidos.
En relación a esto, la organización indicó que ha presentado 14 denuncias ante el TSE por la no entrega de información o entrega parcial por parte de los partidos políticos.
De acuerdo al último índice de transparencia de Acción Ciudadana, 7 de 10 institutos políticos obtuvieron notas menores a 6.00. Solo un partido superó la nota 8, mientras que dos superaron la nota 6.
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Dos caminos
Ante este panorama, Acción Ciudadana indica dos caminos a seguir respecto al uso de criptoactivos para financiar la política del país en las próximas elecciones. Uno es establecer su prohibición y el otro consiste en someter su utilización bajo estrictos controles.
“Es importante prohibir la utilización de este tipo de activos en la campaña electoral 2024, además de prohibir esto se tiene también que legislar en la Ley de Partidos Políticos para poder especificar esto”, dijo la coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, Denisse Siliézar.
La investigadora comentó que la segunda opción a considerar es aceptar el uso de este tipo de activos digitales, pero cumpliendo ciertas condiciones que impliquen un estricto control de parte del TSE.
Experiencia de otros países
Un dato interesante del informe es que menciona que Estados Unidos, Suecia e Islandia ya han hecho de uso de criptoactivos para financiar campañas. Sin embargo, hace énfasis en que en EE.UU. si existe una regulación, se permiten donaciones menores a $100, los aportantes deben identificarse y las donaciones deben ser convertidas en dólares antes de utilizarse.
También da a conocer que Costa Rica e Irlanda no aceptan el uso de criptoactivios para financiar campañas.
Considerando estas experiencias, Acción Ciudadana presentó 10 requisitos básicos que deberían aplicarse en caso de que partidos y candidaturas acepten criptoactivos en El Salvador. Entre estos están: proporcionar directrices a partidos y candidaturas del TSE; proporcionar capacidad tecnológica y recurso humanos especializado al TSE; así como establecer nuevas sanciones y límites de aportaciones en criptoactivos.
Otras recomendaciones del organismo son: socializar lineamientos contables sobre criptoactivos con partidos políticos; utilizar billeteras custodiadas, prohibir billetereras cuya información no sea pública, que sea una obligación legal la entrega de información al TSE, que se cree un registro actualizado de operaciones a disposición del tribunal electoral y que se implementen políticas de control interno para que se conozcan los clientes de cada instituto político