La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, afirmó este miércoles que el gobierno tiene nuevas herramientas discrecionales para intervenir los dispositivos móviles, lo que podría afectar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como los que ya fueron afectados con Pegasus.
“Ya no necesitan Pegasus”, señaló Cárcamo ante las reformas aprobadas el martes a la Ley de Telecomunicaciones. Estas van en el sentido de incrementar el control y acceso que el Estado tiene sobre las comunicaciones para, según el discurso oficial, perseguir el crimen organizado.
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Sin embargo, la presidenta de APES y otros expertos en derechos humanos advierten que este tema podría afectar a quienes incomodan al gobierno con sus críticas o sus preguntas.
De ahí la referencia de Cárcamo a “Pegasus”, el software altamente invasivo con el que más de treinta periodistas independientes y representantes de organizaciones de la sociedad civil fueron infectados, según lo confirmaron diversas auditorías forenses a inicio del presente año.
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Los principales cambios a la reforma incluyen la obligación de que las compañías telefónicas brinden información de datos personales, navegación y hasta geolocalización al Estado.
“La última reforma ha sido a la Ley de Intervenciones Telefónicas en donde se eliminan los controles, se facilita la violación a derechos y se podría dar el espionaje”.
Angélica Cárcamo, presidenta de la APES
En ese respeto, la Asamblea aprobó el martes el nombramiento de jueces permanentes para avalar escuchas telefónicas, algo que busca dar trámite expedito y no esperar que un juez deba trasladarse para permitir una escucha.
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Esto sucede en momentos en que el aparato judicial y la misma Corte Suprema de Justicia están controladas por la Presidencia de la República, que a punta de remociones ilegales y nombramientos acelerados ha asegurado un apartado de Estado leal, cuando debería ser independiente y un contrapeso a su poder.
“Sí, es necesario combatir el crimen organizado”, reconoce Cárcamo en relación al objetivo nominal de estas reformas. Sin embargo, advierte que “las reformas a las leyes deben ser claras y garantizar que no serán un instrumento de persecución a periodistas y personas defensoras de derechos humanos“.