La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró como “improponible” la demanda interpuesta por Cristosal en contra de la Corte de Cuentas de la República y su departamento de participación ciudadana, para que la Corte investigara el uso de fondos públicos en la compra del software de espionaje Pegasus.
La petición fue rechazada justificando que las decisiones “impugnadas y atribuidas a tales autoridades no constituían actos materialmente administrativos” para la Corte de Cuentas, es decir, que “no debe investigar sobre el manejo de fondos públicos”.
“En El Salvador los ciudadanos cada vez tenemos menos derechos. Te pueden hasta espiar usando fondos públicos y según las instituciones de control como la Corte de Cuentas no hay ni que investigar; incluso, la Sala de lo Contencioso Administrativo nos notificó que la fiscalización de los fondos públicos no está relacionada con los Derechos Humanos”, cuestionó Ruth Eleonora López, integrante de Cristosal y demandante.
La resolución fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 29 de marzo de 2023.
“Si no hay transparencia y las instituciones de control no hacen su trabajo, hay corrupción, y esta vulnera tus derechos”, agregó López.
Un día después de conocerse sobre este hecho, un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sobre el cumplimiento de El Salvador a la implementación de la Convención de Las Naciones Unidas, revela que El Salvador presenta serias deficiencias en el cumplimiento de los estándares internacionales en favor de la prevención de la corrupción y el lavado de dinero.
Este reporte expresa que, luego de que el partido en el gobierno destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal y designó ilegalmente a nuevos titulares en dichos cargos, el pasado 1 de mayo de 2021, la jurisprudencia y decisiones de estos órganos han cambiado radicalmente.
Esto se confirma con el rechazo por parte de la Sala de lo Contencioso que recibió la apelación interpuesta por Cristosal ante dicha Sala de lo Contencioso en contra de la Corte de Cuentas.
Este instrumento legal devino después del 8 de febrero de 2022, cuando los integrantes de Cristosal, López y Jonathan Sisco, presentaron un escrito ante el departamento de la Corte de Cuentas registrado como una denuncia, mediante el cual requirieron que la institución activase sus facultades constitucionales y legales y que corroborara si se utilizaron fondos públicos para la adquisición del denominado “software spyware” Pegasus, o si se contrataron los servicios de la sociedad mercantil NSO Club technologies LTD, una empresa israelí que se dedica a vender programas espías a los gobiernos para temas de seguridad.
Amnistía Internacional dio a conocer que verificó el “uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas” y activistas de derechos humanos en El Salvador. También “una investigación conjunta de Access Now y The Citizen Lab identificaron la utilización a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group”.
Sin embargo, meses después, la Corte de Cuentas declaró “improcedente” la denuncia que solicitaba un examen especial, por lo que Cristosal recurrió a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
“Esta solicitud ni siquiera la admitieron, a pesar de que en la justificación admitieron que sí son competentes, pero que van a ejercer sus funciones cuando les dé la gana”, explicó Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, en ese entonces.
El “spyware” es un tipo de software que se instala en el ordenador sin que el usuario tenga constancia de ello. Suele venir oculto junto a otros programas que se instalan de manera consciente, lo que lo hace muy difícil de detectar. Una vez en el ordenador, recopila información para enviarla a terceros.
Mientras que Pegasus es un software que permite navegar libremente por móviles accediendo a sus archivos, contactos y demás, sin tener contacto con el o los dispositivos, que se desarrolla en Israel. Por tanto el acceso a dichos servicios permite el espionaje.
Estos casos de espionaje fueron denunciados en 2022, por periodistas de distintos medios de El Salvador y otras personas de organizaciones no gubernamentales.
“En enero, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos denunciaron el uso de Pegasus en sus teléfonos, es decir que sus aparatos fueron infectados para que un tercero tuviese acceso a sus mensajes, correos electrónicos, fotos, videos, micrófonos, cámaras, llamadas y contactos telefónicos. Esto fue confirmado por una investigación conjunta de cuatro organizaciones internacionales”, detalló Cristosal al presentar la demanda.
Según Sisco, esta clase de situaciones deja un precedente para que continúe el espionaje por parte del gobierno. “El Estado de El Salvador es responsable de las violaciones que se ocasionan mediante actos de espionaje ilegal contra periodistas, personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, líderes de organizaciones de la sociedad civil. Con este precedente se deja abierta la puerta para que el Estado siga permitiendo el espionaje”, manifestó.