La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reveló pocos hallazgos tras su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) realizada en agosto de 2023 junto con la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de expresión de la Presidencia de la República.
La procuradora de la PDDH, Raquel Caballero, junto con el comisionado presidencial, Andrés Guzmán, asistieron el 21 de agosto de 2023 a las instalaciones del centro penitenciario ubicado en el departamento de San Vicente y se encargaron de verificar tres aspectos: infraestructura y capacidad, condiciones de salud y las peticiones de los privados de libertad.
Por medio de una solicitud de acceso a la información, se pidió a la PDDH los informes con los hallazgos y recomendaciones, a partir de las visitas a centros penitenciarios, que fueron enviados al Órgano Ejecutivo. La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana remitió el "informe de visita humanitaria" que se realizó al CECOT.
“Los privados de libertad se encuentran en condiciones de saneamiento e higiene, se les suministran los insumos como atención médica, medicamentos, productos de higiene y limpieza y productos alimenticios de la canasta básica”, señaló el informe de la PDDH.
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Según el documento brindado por la Procuraduría, el CECOT cuenta con un servicio de tecnología “de punta”, con sistemas de escaneo a la entrada para detectar cualquier objeto ilegal que trate de introducir cualquier privado de libertad y una vasta red de vigilancia.
No hay ventiladores, pero la Procuraduría señala que la estructura permite una ventilación que minimiza el calor, pero que “algunos PDL (Privados de Libertad) manifestaron que en las noches es muy frío”. Además, que la luz natural entra por los tragaluces y observó que a los reclusos los sacan de la celda a realizar ejercicio grupal.
Las camas son una placa metálica, por lo que los privados de libertad le externaron que una de sus peticiones es tener colchonetas.
El lugar cuenta con ocho pabellones y tiene una capacidad para 40,000 reos, el techo es una malla metálica que sirve de plataforma para la vigilancia. Para la fecha de visita se encontraban recluidos 12,114 personas.
“Cada celda alberga a 65 privados de libertad, según datos proporcionados por el Director del referido Centro”, señala el informe.
Dichas celda cuentan con retretes sin privacidad, una pila con agua y un recipiente para beber agua, en la que “siempre” les proveen agua.
El informe amplía que el lugar cuenta con tres clínicas y un área de consultorio con un médico en cada módulo con turnos de ocho horas. Además, incluye que existe un pabellón para privados de libertad con enfermedades crónicas e infectocontagiosas, “tales como escabiosis, tuberculosis, VIH, etc.”.
“Se observó que en el área de la clínica se encuentran expedientes clínicos de los privados, variedad de medicamentos, limpieza y orden. No obstante lo anterior, a la fecha de la visita no había sido nombrado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente”, señaló la institución.
“No se observó hacinamiento ni privados de libertad con características de desnutrición, enfermedades crónicas o lesiones”, indicó la procuradora adjunta.
Aún así, los privados de libertad le externaron a Caballero de Guevara que tienen peticiones como mayor cantidad de alimentos, recibir más tortillas, mayor control en la administración y entrega de paquetes y donación de biblias.
Asimismo, los privados le habrían solicitado tener la oportunidad de contribuir en la producción de sus alimentos y que se les provea de mayor suministros de limpieza.
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No se refiere a otros centros penitenciarios
El 31 de marzo de 2023, Raquel Caballero se comprometió con la Vicepresidencia de la República a entregar informes con los hallazgos y recomendaciones tras sus visitas a los centros penitenciarios bajo el marco del régimen de excepción, el cual se encuentra vigente desde marzo de 2022.
“Se continuará dando seguimiento a las condiciones de los privados de libertad dentro del CECOT”, señaló el informe, más no alude a que próximamente lo hará también en los otros centros penitenciarios.
Ante esto, defensores de derechos humanos coinciden en que la procuradora Caballero de Guevara cae en una “irresponsabilidad”.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, cuestionó que Caballero solo se pronunciara por los privados de libertad del CECOT “en su mayoría condenadas desde antes del régimen de excepción por delitos de pandillas y no hacerlo por donde están muriendo las personas inocentes en centros penales como Izalco, Apanteos, La Esperanza, Quezaltepeque, Granja de Zacatecoluca o Las Bartolinas”.
“Por qué no les dan un tour en el centro penal de Izalco en donde han muerto el 45 % de personas del régimen, de esos 305, el 45 % ha muerto ahí estrangulados, torturados, por negarles tratamientos médicos, entre otros. Es verdaderamente penoso que la figura de la procuradora sea solamente utilizada de adorno”, dijo Escobar.
Para febrero de este 2024 el Socorro Jurídico contabiliza 235 reclusos que fallecieron bajo régimen de excepción en el país, de los que el 48 % de ellos murieron con signos de violencia.
Escobar también recordó que ya han denunciado que privadas de libertad han sido víctimas de abusos sexuales.
Por su parte, el jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal, David Morales, expuso que si bien algunos informes estadísticos de la PDDH reflejan que hay actividades de verificación en relación al régimen (recepción de denuncias, solicitudes de información, verificaciones de audiencias judiciales), estos no reflejan las visitas penitenciarias que es obligación de la Procuraduría realizar y que deberían realizarse rutinariamente, de conformidad a su mandato legal.
“Pareciera ser que el personal técnico de la institución mantiene algún tipo de actividad, entre ellas la gestión de buenos oficios de carácter humanitario, pero la procuradora Caballero habría adoptado, más allá de la información que podrían estar generando sus equipos técnicos una política institucional caracterizada por el silencio”, señaló Morales.
Morales añadió que mediante las solicitudes de información realizadas por Cristosal a la PDDH les permite conocer que por más de dos años no se han emitido resoluciones definitivas ni informes situaciones o penitenciarios “a pesar de la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos” en orden a tratar de prevenir el cese de los mismos.
“Pareciera haber una omisión deliberada dentro de la institución de ejercer sus facultades de emitir este tipo de resoluciones e informes y dictar recomendaciones específicas”, señaló Morales.
ONG advierte de presunta contaminación generada por el CECOT
Cristosal instó al Estado a detener la contaminación que estaría generando el CECOT en los afluentes que abastecen a tres comunidades aledañas al recinto, en el rural distrito de Tecoluca.
"El agua que consumen las comunidades San Francisco Angulo, El Milagro y Canta Rana, ubicadas en Tecoluca, San Vicente, está altamente contaminada por coliformes fecales y otras bacterias que, de acuerdo a los especialistas consultados, la vuelven no apta para el consumo humano ni para la higiene personal", indicó Cristosal en un comunicado.
Sostuvo que, "según las personas afectadas, la contaminación inició con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo".
La organización hizo un llamamiento al Estado salvadoreño a "detener de manera inmediata la contaminación de las aguas y los suelos de estas comunidades, así como a preservar la vida y la salud de la población afectada".
