El titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que da cuenta de una visita reciente al penal La Esperanza, conocido como “Mariona”.
En esta, el funcionario recorre el centro con autoridades penitenciarias y da cuenta de una situación normal, donde los reos tienen acceso a medicamentos, entre otras cosas. Este vídeo fue publicado en momentos en que se acusa al Estado salvadoreño de violar derechos humanos de cientos de capturados durante el régimen de excepción.
La realidad parece contrastar las declaraciones de Tobar. La revista Gato Encerrado publicó el pasado 29 de junio una nota donde narra la historia de dos hermanos que fueron capturados en la Colonia Santa María, municipio de San Martín, el 24 de abril de este año. Según una familiar, uno de ellos está enfermo y tiene cálculos renales, pero no ha podido acceder a sus medicamentos en Mariona.
Las declaraciones del procurador también contrastan con las denuncias del exalcalde de la capital salvadoreña, Ernesto Muyshondt, quien señaló que ha sufrido “maltrato” en Mariona y que en tres ocasiones ha estado “al borde de la muerte”. Además, Muyshondt dijo estar cerca de la clínica y haber presenciado gente morir por falta de atención médica.
Por otro lado, expertos en derechos humanos consideraron que una verificación efectiva para comprobar abusos de poder debe hacerse sin previo aviso y, de ser posible, junto a organizaciones defensoras de estas garantías fundamentales para que sea más creíble.
¿Qué dicen expertos?
Al respecto, la experta en derechos humanos, Celia Medrano, recordó que el artículo 34 de la ley de la PDDH da facultades para que sus representantes puedan verificar cualquier instalación estatal sin previo aviso. “Difícilmente una autoridad que se investiga no ocultará evidencias de su responsabilidad si se le anuncia previamente que recibirá una visita”, opinó.
Según la experta, tener una buena relación con altos funcionarios gubernamentales no implica “encubrir o maquillar responsabilidades en materia de violaciones a DD.HH.” que en muchos casos implican también responsabilidades penales. “Hacer eso sería una complicidad”, consideró.
“Creo que el procurador con sus declaraciones está tratando inútilmente de tapar el solo con un dedo, y, peor aún, está sirviendo como tapadera y encubridor frente a claras violaciones de derechos humanos”, dijo Oswaldo Faussier, abogado y docente de la Universidad José Simeón Cañas (UCA).
Además, criticó que el procurador no se pronunciara sobre las muertes y violaciones de derechos humanos que se han conocido a través de fuentes independientes y que “describen una realidad opuesta a lo que narra en su vídeo”.
Otto Manrique Flores, asesor jurídico de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, consideró que “el procurador puede tener su opinión, pero existen suficientes elementos probatorios que difieren totalmente con la estampa que nos muestra el procurador Apolonio”.