Dos pandilleros de la MS recibieron condenas de 20 años de prisión al ser encontrados responsables del asesinato del homicidio de un hombre en la ofensiva que las pandillas ejecutaron contra la población en marzo de 2022.
Bryan Alfredo Hernández Durán y Kevin Alexander Gómez Velásquez fueron dos de los atacantes de la víctima identificada como Carlos Humberto Valiente Ramírez, de 46 años, un empleado de la alcaldía del entonces municipio de San Luis Talpa, en La Paz.
El crimen ocurrió la noche del 26 de marzo de 2022, en las afueras de la casa de la víctima ubicada en el pasaje 19 de la lotificación Narváez, en San Luis Talpa.
Según registros periodísticos, Carlos Humberto fue llamado desde la calle por desconocidos, y al salir, fue acribillado por sujetos que viajaban en un automóvil, sin razones aparentes.
Allegados lo recordaron como “alguien muy querido y bromista”, por lo que no encontraban explicación a su violento asesinato.
La captura de los pandilleros que mataron al trabajador fue informada en un documento fiscal fechado el 31 de agosto de 2022. Junto a Hernández Durán y Gómez Velásquez, los condenados, fue detenido por este crimen otro pandillero a quien identificaron como José Amílcar Jandres Orellana, quien no fue sentenciado en este juicio.
Sobre el homicidio, la Fiscalía expuso en el documento que la víctima “conversaba con los imputados y empezaron a discutir. La víctima al percatarse que tenían armas de fuego intentó huir, pero le fue imposible y le quitaron la vida”.
Ola de violencia de marzo 2022
La muerte violenta de Carlos Humberto fue una de las 87 registradas entre el 25 y el 27 de marzo, atribuidas a las pandillas. La Fiscalía ha señalado que la ola de violencia de homicida tuvo por objetivo “que el Estado otorgara beneficios a los centros penales”.
Una investigación periodística de El Faro, publicada en mayo de 2022, revelaría que el repentino repunte de asesinatos se debió a la ruptura de un pacto entre las pandillas y el gobierno salvadoreño.
Los múltiples asesinatos derivaron en la instauración del régimen de excepción, que ha suspendido algunos derechos constitucionales a todos los salvadoreños desde hace tres años.
