El pandillero cuya captura anunció la Policía Nacional Civil (PNC) en la mañana de este sábado, recibió una condena de cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas, según consta en documentos publicados por la misma Fiscalía General de la República (FGR).
“Jorge Alfonso Mejía Barrera, alias Coco, de la 18R, fue capturado en el barrio El Guayabal, en Quezaltepeque, por nuestras Fuerzas Especiales. Será su tercera vez en prisión, con la diferencia que pagará con varios años el delito de agrupaciones ilícitas”, informó la PNC en su cuenta de X.
Sin embargo, la institución policial no detalló por qué delitos estuvo preso las dos ocasiones anteriores a que hace referencia en el tuit; tampoco indicó desde cuándo andaba en libertad alias “Coco”.
Solo de la última vez que fue procesado hay registros en un boletín de la Fiscalía con fecha 21 de febrero de 2020, titulado “FGR Santa Tecla logra condenas entre los cinco y 80 de cárcel contra 26 delincuentes de Quezaltepeque”. Barrera Mejía fue uno de los favorecidos con la más baja cantidad de años de cárcel.
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En esa ocasión, a Mejía Barrera le fue impuesta una condena de cinco años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas. Misma condena fue impuesta a otros tres hombres más. Al resto del grupo le impusieron condenas de entre 23 y 80 años de prisión.
Como ha sucedido con otros pandilleros, en el caso de Mejía Barrera se desconoce cuándo recuperó su libertad, si cumplió la totalidad de la pena que le impusieron por agrupaciones ilícitas o si recibió algún beneficio penal.
El pasado 7 de febrero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro informó que habían recapturado a un cabecilla de la MS-13, responsable de dar las órdenes, o de “abrir válvulas”, para que se cometieran decenas de homicidios a finales de marzo de 2022.
Sin embargo, ese mismo cabecilla había sido capturado en enero de ese mismo año, de acuerdo a publicaciones de la misma PNC.
Los salvadoreños llevan más de 22 meses viviendo bajo régimen de excepción, que el gobierno de Nayib Bukele decretó ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de detener la ola de homicidios generada por las pandillas en marzo de 2022.
Sin embargo, durante ese lapso las mismas instituciones gubernamentales o funcionarios ha puesto en evidencia que muchos pandilleros que ya estaban en prisión o que fueron detenidos cuando el régimen de excepción entró en vigencia, fueron recapturados bien en territorio salvadoreño o en países vecinos o Estados Unidos, sin explicar cómo es que recuperaron su libertad.