Bajo el lema “necesitamos tu ayuda para seguir capturando terroristas”, el ministerio de Seguridad habilitó ayer el pasado viernes el número telefónico 123 para que los ciudadanos brinden información que permita las capturas de más pandilleros.
Según cifras oficiales, desde el 26 de marzo hasta el 11 de mayo, la policía ha capturado un aproximado de 27,831 personas durante el régimen de excepción, el cual que se prolongó hasta el 25 de mayo. Los datos indican que diario se ha capturado un promedio de 618 personas.
Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la #GuerraContraPandillas.
El Gobierno de El Salvador pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 123 para que puedan brindarnos información que nos ayude a llevar más terroristas ante la justicia. pic.twitter.com/Vk4RvaRMcY
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) May 14, 2022
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Pero el detalle detrás de las medidas contra las pandillas es que cada día crecen las denuncias de capturas arbitrarias. Ya el presidente Nayib Bukele ha justificado que exista un margen de error del 1 % en las detenciones. Sin embargo, voces como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), consideran que “(el número) no es tan pequeño como lo plantean”. “No es que se estén cometiendo errores sino que deliberadamente se está deteniendo a personas sin respetar la presunción de inocencia y sin tener evidencia de que pertenecen a estos grupos (pandillas)”, dijo a finales de abril el rector de la casa de estudios superiores, Andreu Oliva.
Hoy, con el anuncio de la nueva línea telefónica, el abogado Wilson Sandoval considera que el riesgo de que cualquiera sea detenido luego de que alguien llame diciendo que es pandillero aumenta.
“Cualquiera puede ser una víctima más de la forma indiscriminada en que se captura”, explicó. Y agregó “El uso de la línea puede servir como instrumento político de persecución contra disidentes, periodistas, defensores de derechos humanos, etc.”.
De la misma opinión es la abogada Marcela Galeas quien considera que la implementación de una línea anónima debe conllevar una investigación pertinente y legal sobre los hechos y las personas que denuncian. De lo contrario, podría derivarse en capturas arbitrarias.
“Esto nos lleva de alguna manera a desconfiar de la forma en que será utilizada. Si esta no tiene un origen transparente y real, tal denuncia anónima puede ser fuente de persecución penal”, explicó.
El mecanismo de denuncia anónima ya se había implementado a finales del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. En esa ocasión, el gobierno, con el apoyo de la organización internacional contra la delincuencia Crime Stoppers, abrió el Centro de Llamadas 121, cuyo objetivo era obtener información anónima para el combate del delito.
Las llamadas en ese momento no se podían identificar ni grabar, y tampoco el denunciante tenía la obligación de dar su nombre para la denuncia.
Sin embargo, en ese momento no había régimen de excepción como lo hay ahora. Lo que cambia el panorama sobre cómo opera el sistema de justicia actualmente: una de las consecuencias de esa medida de restricción de derechos, la cual fue aprobada sin discusión, es que varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones se han suspendido.
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Y la justificante del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, es la bien publicitada campaña “Guerra contra las pandillas” que se creó luego del más violento fin de semana, ocurrido a finales de marzo, cuando más de 70 salvadoreños murieron asesinados por una nueva ola de violencia perpetrada por las pandillas.
“Andamos detrás de aquellos que son parte, los que fueron, los que colaboran o le tienen negocios a estructuras terroristas”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado 9 de mayo, cuando hizo un “balance positivo” de las acciones en torno a Seguridad implementadas en los últimos días.
Pero dichas acciones no corresponden a una serie de estrategias a largo plazo, opinó la defensora de derechos humanos, Celia Medrano.
“Ha habido detenciones en función de cuotas que deben cumplir policías y militares. El estado de excepción no ha sido formulado en realidad, entre comillas, en una guerra contra las pandillas puesto que cada vez es más evidente que hay pactos con estas pandillas en función de garantizar un bajo registro de homicidios diarios. Lo que ha habido es un regimen de terror…”, agregó.
Hay límites
“Existe un límite fijado para el uso de esta figura (reservas de identidad) en el Pacto de San Jose de Costa Rica, del cual El Salvador es signatario”, explicó la abogada penalista Marcela Galeas.
Galeas agregó que el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 80, detalla los requisitos que deben observarse en las instancias procesales y establecen que, “para que exista debido proceso, es necesario que el justiciable (capturado) pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses, en forma efectiva y en condiciones de igualdad; de ahí que puedan considerarse inviable las reservas de identidad”, dijo.