La Asamblea Legislativa cerró el 2023 con 307 iniciativas aprobadas, de la cuales el 59.6% (183) fueron propuestas del gobierno y el 36.4 % (112) fueron propuestas del partido Nuevas Ideas, otras 7 iniciativas fueron de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solo cinco de partidos aliados al oficialismo; lo que a criterio de la oposición, convierte al parlamento en un pasa papeles a los intereses del Ejecutivo.
Desde el 1 de mayo de 2021 al 20 de diciembre de 2023, la actual legislatura aprobó 974 iniciativas, principalmente del gobierno y de Nuevas Ideas y ha ignorado 231 de la oposición.
“Considero más bien que ha sido una legislatura decepcionante en muchos sentidos, ya que teniendo mayoría absoluta dentro del Órgano Legislativo fueron incapaces de elevar la vara promoviendo el diálogo y el debate sano”,
César Reyes, diputado de ARENA
Para el legislador, se ha desnaturalizado labor del Órgano Legislativo. “Convirtiendo la Asamblea en un anexo más de Casa Presidencial y rompiendo con el principio de independencia institucional, para generar esos pesos y contrapesos tan esenciales en nuestro sistema democrático que hoy, prácticamente, han desmantelado”, sostuvo.
Del total de iniciativas aprobadas, 920 se convirtieron en decretos legislativos siendo el último la ratificación del Canje de Notas entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Japón Concerniente al Proyecto de Becas para el Desarrollo de Recursos Humanos, que se aprobó el 20 de diciembre.
En la última sesión plenaria del año también se aprobó la Ley de Presupuesto General de la Nación de 2024 y la Ley de Salarios.
Solo en este año se aprobaron 126 iniciativas por medio de dispensa de trámite, 63 fueron proyectos del gobierno, 62 de Nuevas Ideas y una de la CSJ. Con este mecanismo exprés se aprobaron todas las prórrogas al régimen de excepción.
También el diputado Jaime Guevara, del FMLN, valora que se ha perdido el rol parlamentario y obedece a los lineamientos del Ejecutivo. “Yo lamento eso, en primer lugar porque se desnaturalizó. Aquí se viene a discutir, aquí se viene a hacer propuestas y todo debe de ir en función de las necesidades que el pueblo tiene. ¿Y por qué lamentamos eso? Porque aquí únicamente este parlamento se convirtió en una oficina del señor presidente de la República”, afirmó.
Y reprocha que las iniciativas enviadas desde la Presidencia se aprueban sin una verdadera discusión ni tomar en cuenta opiniones.
“Hemos entrado dentro de una espiral y un nivel de deterioro democrático significativo, pero ha ido avanzando de manera progresiva, pero constante”, expuso el diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo.
Además, señala el poco trabajo de comisiones legislativas durante este periodo.
“Al inicio había un poco más de formalidad y se reconocían un poco más los procesos de discusión y dialogo en las comisiones, hoy el trabajo legislativo a casi virtualmente desaparecido”,
John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo
Legislación económica
El 2023 contó con aprobaciones en materia económica, como la nueva Ley de Compras Públicas en sustitución de la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); la nueva Ley de Emisión de Activos Digitales, así como reformas presupuestarias y aprobaciones de créditos, entre otras.
“Hay que poner en la mira que el año 2022 y 2023 han sido reformas económicas, quién tiene el poder de usar el dinero público y para qué. Entonces sobre todo esos movimientos de reformas institucionales, electorales, penales y todo eso es para poder concentrar el poder de decidir qué hacer con el dinero público”, valoró la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.
Agregó que las normativas estarían enfocadas a favorecer grupos de poder en detrimento de las mayorías salvadoreñas.
“Esta Asamblea Legislativa ha dado permiso a algunos grupos de poder para ocupar el dinero público para hacer más ricos a algunos sectores y empobrecer a las mayorías. Es una Asamblea que ha permitido un sistema autoritario y que ha empobrecido también a la mayoría de la población”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
También la diputada Anabel Belloso, del FMLN, opina que la legislatura no ha estado en función de beneficiar a la población. “De forma injusta aprobó cosas para unos pocos, porque esos intereses son los que defienden, representando a un grupo de poder económico, que para seguir controlando las instituciones del Estado, no les importa violar la ley”, expresó.
"Fue una legislatura pasa papeles, fue incapaz de dar soluciones a los problemas de las grandes mayorías, pese a que tienen los números para aprobar leyes que de verdad beneficien la población",
Anabel Belloso, diputada del FMLN
Este año se continuó con la disolución de instituciones y creación de otras, como la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) que se disolvió con la Ley de Navegación que creó a la Marina Nacional y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) que fue sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) y por la Dirección de Integración.
Agenda presidencial
Aunque el partido GANA es un aliado del gobierno y vota a favor de sus propuestas, en este año solo se aprobaron cuatro de sus iniciativas.
“Esta legislatura ha sido, quizá, muy única en lo que yo tengo de estar acá. Ha tenido una mayoría importante en la cual tienen los suficientes votos para reformar leyes, para aprobar, para derogar. Prácticamente se ha manejado mucho lo que es la agenda presidencial”,
Guillermo Gallegos, diputado de GANA
Sin embargo, reiteró que apoyan la gestión del gobierno. “Pero en lo que sí nosotros hacemos sentir nuestros votos es para la aplicación del régimen de excepción, ahí sí los votos de GANA son trascendentales para poderlo aprobar”, agregó.
La Constitución de la República dice que se necesitan los votos favorables de tres cuartas partes de los diputados electos para aprobar el régimen de excepción, que hasta el momento es de 63. A los 56 votos de Nuevas Ideas se suman los cinco de GANA, dos del Partido de Concertación Nacional (PCN), uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y tres diputados exareneros.
Reformas electorales
Este 2023 se caracterizó por importantes cambios en el sistema electoral que incidirán en las elecciones de 2024. El 18 de enero se aprobó con dispensa de trámite la iniciativa de Nuevas Ideas de reformar el Código Penal referente al fraude electoral, para sancionar hasta con 15 años de cárcel a quien “impidiere u obstaculizare” la inscripción de candidaturas.
El 15 de marzo, a petición de Nuevas Ideas, se derogó el artículo 291-A del Código Electoral que prohibía hacer cambios a la legislación electoral una año antes de las elecciones. Esto permitió que en junio se aprobara la reforma enviada por la Presidencia para reducir de 84 a 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa; y la Ley Especial de Reestructuración Municipal para convertir los 262 municipios en distritos, agrupados en 44 nuevos municipios.