Las organizaciones Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y ADES presentaron nueva información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y piden medidas cautelares para los ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas criminalizados.
Las organizaciones ya habían presentado en junio de 2023 una denuncia ante la CIDH por lo que consideran una criminalización de parte del Estado hacia los ambientalistas, debido a su lucha contra la minería metálica en el departamento de Cabañas y el pasado 27 de enero presentaron información adicional.
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“Dentro de esta denuncia reiteramos que a los procesados se les ha construido un proceso judicial sin pruebas y evidencias científicas, el cual tiene como trasfondo el silenciar la oposición de los salvadoreños a la minería metálica y a las próximas actividades mineras del actual gobierno; a quienes se les juzgará nuevamente por el mismo caso, lo cual constituye una violación flagrante de los más elementales principios del debido proceso”, dice el pronunciamiento compartido este martes.
Y en el escrito también le solicitan a la CIDH la adopción de medidas cautelares de manera urgente e inmediata “con la finalidad de evitar más daños irreparables”.
Peter Nataren, presidente de la cooperativa Santa Marta, señaló que piden un “seguimiento más serio a este proceso” y que eso ayude a pedir información al estado salvadoreño de cómo se maneja este caso, el cual ha caído en “el doble juzgamiento”.
Esperan que el 6 de febrero se realice la nueva audiencia, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque anulara la decisión del Tribunal de sentencia de Sensuntepeque que absolvió a los cinco ambientalistas.
“Eso nos preocupa mucho y dado los últimos acontecimiento en la comunidad Santa Marta, donde ha habido presencia de fiscal, ha habido presencia de agentes de inteligencia, un seguimiento constante, más que todo la supervisión de los hogares donde viven las personas que están más al frente de la lucha desde hace dos años con respecto a la exigencia de liberación definitiva de los cinco ambientalistas”, dijo.
Por lo que temen que se capturen a más de 40 personas, entre ellas los liderazgos de la comunidad, entre otros activistas que han acompañado a la comunidad.
Otro de los aspectos incorporados a la denuncia es la “militarización de Santa Marta y otras comunidades organizadas de la zona, los acosos a la población de Santa Marta y el temor a nuevas detenciones que se puedan realizar”, eso en relación a la denuncia de habitantes de la comunidad sobre la presencia de elementos de la Fuerza Armada y “personas extrañas” que circular en vehículos sin placas en horas de la noche.
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Las organizaciones también reiteran su rechazo a la extracción minera en el territorio salvadoreño, no solo por el impacto negativo al medio ambiente, sino también por los conflictos sociales y desalojos que podría generar la actividad minera.
“Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional se continúen pronunciando contra la criminalización de los líderes ambientales de Santa Marta y ADES y se pronuncien ante la represión, acosos y nuevas detenciones que se puedan realizar debido a la imposición de la minería que ya se ha puesto en marcha”, señalan las organizaciones.