Pese a los retenes policiales instalados en diferentes puntos de acceso a San Salvador, cientos de salvadoreños llegaron a los puntos de concentración de las marchas convocadas para este 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional de Trabajo y para pronunciarse en contra de las políticas del gobierno de Nayib Bukele.
Integrantes de 34 organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular marcharon desde el parque Cuscatlán para dirigirse hacia la Plaza Cívica, frente a Catedral en el Centro Histórico de San Salvador.
A la marcha también se unieron decenas de familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción, supuestamente de manera arbitraria, organizados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y los que son atendidos por el Socorro Jurídico Humanitario. Así como los familiares de los presos políticos.
El representante del Movimiento de Víctimas de Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, pidió libertad inmediata para todos los capturados inocentes. “No es justo que la gente esté esperando un año para que sea condenada o liberada, significa que no tiene pruebas y por eso no agilizan este proceso”, apuntó.
Ramírez además solicitó al gobierno la creación de un programa de reinserción laboral para aquellas personas que fueron capturadas y se compruebe que son inocentes. El dirigente de MOVIR considera importante que las autoridades “limpien los antecedentes” de aquellas personas liberadas por no tener ningún vínculo con pandillas.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que por el momento hay unos 20,000 capturados que no tienen vínculos con pandillas, entre vendedores, taxistas, jornaleros, profesores, sindicalistas, agricultores y obreros en general.
Los familiares de los capturados en el régimen de excepción aprovecharon la marcha para pedir la liberación de sus parientes.
Entre los asistentes de la protesta se encuentra a Misael Argueta, un docente que denuncia la captura arbitraria de su hermano Josué David Mozo Argueta, un joven graduado de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y se encontraba realizando prácticas en la procuraduría para la defensa de los derechos humanos, pero fue capturado el pasado 1 de marzo por el régimen de excepción.
“Cuando se le preguntó a los elementos policiales sobre la captura dijeron que ellos no estaban obligados a decir nada y que se lo iban a llevar solo para interrogarlos y hacerle unas preguntas y que instantáneamente quedaría libre, pero cuando mi familia llegó le dijeron que había quedado detenido bajo el estado de excepción”, expresó Argueta.
El docente carga una pancarta donde expresa: “alto al secuestro de estudiantes por el Estado salvadoreño. Devuelvan a nuestro hermano”.
En esa misma dirección protesta Mariela de la Paz Hernández, quien protesta por la captura de su esposo Erick Omar Espinoza Roque, un albañil capturado en Rosario de la Paz, San Salvador, que fue detenido el 23 de marzo de este año.
“A él lo fueron a detener a la casa, andaban buscando a otra persona y los apellidos de él no coincidía con los que andaban buscando, entonces le decían que no sabían si llevarlo o dejarlo, como andaba sucio le decían que se alistara para llevarlo a la delegación y ya estando ahí no lo dejaron libre sino que lo detuvieron”, denunció.
La mujer lleva consigo un cartel que dice: “libertad para mi esposo”. El representante del Movimiento de Víctimas de Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, pidió libertad inmediata para todos los capturados inocentes.
“No es justo que la gente esté esperando un año para que sea condenado o liberado, significa que no tiene pruebas y por eso no agilizan ese proceso”, apuntó.
Ivania Cruz, representante del comité de presos y presas políticos de El Salvador asistió la convocatoria para exigir libertad para sus familiares capturados.
“Estamos aquí por el alto a la persecución política que se vive en El Salvador, por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de las personas presas políticas que no queremos que nos utilicen como método de campaña política”, exigió Cruz. “No a la reelección”, se lee en un afiche que andaba su grupo.
El juez Antonio Guzmán manifestó que tanto él como lo jueces independientes del país marchan por la defensa de la Constitución, de los derechos humanos y de la separación de poderes y “en contra de la reelección que está prohibida por la Carta Magna”.
Manuel Flores, exdiputado del FMLN, participa en la marcha para exigir reivindicaciones de horas laborales y que se mejoren las condiciones de los trabajadores.