Ha pasado un año desde que el gobierno decretó el régimen de excepción en El Salvador, como medida ante el alza de homicidios ocurrido el 26 de marzo de 2022, uno de los días más violentos en los últimos 20 años.
Desde entonces, familiares de detenidos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado las capturas arbitrarias de personas inocentes, que son, también, víctimas de un discurso estigmatizante por parte de las autoridades, según especialistas.
Siete organizaciones difundieron el “Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el Estado de excepción”, en el que se refleja un registro de 111 personas que han muerto bajo la custodia del Estado.
Según los datos, en los primeros cuatro meses de la implementación del régimen murieron más personas, de abril a julio fueron 74 detenidos los que fallecieron. Azul Originario, AMATE, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Red Salvadoreña de Defensoras y Servicio Social Pasionista (SSPAS), notificaron que los centros penitenciarios donde más detenidos han fallecido son el Centro Penal de Izalco y Centro Penal La Esperanza.
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Pese a que el oficialismo ha mostrado el Estado de excepción como carta de presentación, también ha revelado datos que no pueden ser corroborados, por ejemplo, de personas que han sido liberadas por falta de pruebas. El 4 de enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro anunció la liberación de 3,313 detenidos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo a El Diario de Hoy que el mecanismo que están planteando las autoridades para la revisión de casos y liberación de personas detenidas no es adecuado porque “no creemos que la cantidad de personas liberadas corresponda a la cantidad de personas que realmente se encuentran siendo procesadas injustamente”, destacó.
Las cifras de las organizaciones dicen que al menos hay 5,082 víctimas de distintas vulneraciones a derechos humanos, la mayoría de ellas por detención arbitraria o ilegal. Reyna aseguró que “esto está acompañado de un discurso estigmatizante que presume culpabilidad de todas las personas detenidas”, relató.
Esto, aún cuando una persona es procesada penalmente, la presunción de inocencia debe de primar como medida inicial y la Fiscalía debe comprobar la comisión de un delito por parte de estas personas.
La representante, además, explicó que parte de las características que han observado en las denuncias que reciben es de que no hay pruebas suficientes para las detenciones que se han hecho a través de patrones de denuncias anónimas.
“Denuncias que están basadas en conflictos comunitarios que terminan denunciando a vecinos y que no necesariamente han cometido algún delito y que, en los procesos judiciales, se presentan a las personas como parte de una estructura pandilleril cuando estas no tienen las características ni han participado de estos hechos”, aseveró Verónica Reyna.
Esto es confirmado por las organizaciones que desde hace un año han documentado y acompañado a los familiares de personas que denuncian que sus parientes han sido capturados de manera injusta.
Algunos de los hechos violatorios que expone el informe son: estigmatización por tatuajes, prácticas policiales y militares ilegales, lesivas de la intimidad, secretividad de los procesos, uso de engaños para facilitar las detenciones arbitrarias, etcétera.
“Tuvimos el caso de una persona que se vinculaba a una estructura pandilleril y que la descripción por parte de Fiscalía decía que tenía tatuajes en el rostro, que había participado activamente en esta agrupación ilícita y la persona no tenía ningún tatuaje en su rostro ni en el cuerpo”, comentó la representante de SSPAS. Para ella, este tipo de irregularidades se han identificado en diversos casos y muestran que la Fiscalía y la Policía están deteniendo de manera arbitraria a las personas, y no necesariamente a partir de investigaciones que permiten vincular a los capturados con la comisión de un hecho.
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Sobre las 111 muertes que registran las organizaciones, que han ocurrido bajo la custodia del Estado, es decir, en situación de privación de libertad, el Estado, independientemente de la causa de muerte, debería de investigar las razones y las condiciones en las que se dieron los fallecimientos para determinar la responsabilidad sobre ello, determinan los expertos.
“Como hemos visto en 21 casos que hemos documentado, se han registrado características de muertes violentas, golpes, estrangulamiento, ruptura de huesos, y en esto hay unas acciones directas de personas responsables”, explicó Reyna.
Agregó que es necesario investigar las faltas que el Estado puede cometer que hayan provocado la muerte de una persona como el no garantizar el acceso a salud, tratamientos médicos y condiciones sanitarias adecuadas. Según la información recopilada por las siete organizaciones las principales causas de muerte de personas bajo custodia del Estado son: posible muerte por violencia, falta de acceso a medicamentos y/o asistencia, edema pulmonar.
Entre las condiciones de salud de las víctimas están: Condiciones cardíacas (87), diabetes (72), enfermedades respiratorias (38), enfermedades renales (30), afecciones neurológicas (24), enfermedades del sistema digestivo (20), padecimientos mentales o psiquiátricos (16), VIH+ (7), tiroides (5) y condiciones ginecológicas (3).
Verónica Reyna aseguró que existe una responsabilidad por omisión por falta de tratamiento por parte del Estado en todos los casos de personas capturadas que han fallecido y tenían un cuadro clínico con una enfermedad que necesitaba el seguimiento con medicamentos y especialistas. “El Estado tiene responsabilidad y por tanto se están generando condiciones de tortura sistemática y de condiciones que pueden llevar a muertes de personas que privadas de libertad”, dijo.