Con el propósito de aportar insumos a la cuarta evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará a inicios de 2025, varias organizaciones de la sociedad civil de El Salvador socializaron este miércoles tres informes alternativos enviados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) participantes en este esfuerzo son: la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Colectivo EPU, la Mesa Nacional frente a la Minería, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), la Vía Campesina y Mujeres Libres.
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Entre los temas abordados en los documentos se encuentra el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano; derechos laborales y sindicales; derecho a la alimentación adecuada, derechos del campesinado, derechos culturales, derecho a la educación, salud y vivienda.
Las organizaciones enviaron informes con temáticas específicas sobre los impactos de las industrias extractivas en el país, los impactos de la contaminación en el lago de Coatepeque, en Santa Ana y sus repercusiones en la vida de las mujeres.
Indicaron que el 1 octubre de este año el Estado debió rendir su informe nacional, el cual deberá revisarse en la sesión número 48 que se desarrollará en los próximos meses en Ginebra, Suiza; no obstante, señalaron que se desconoce su contenido.
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Destacan que no ha existido ningún espacio de diálogo y discusión entre el Estado y la sociedad civil para la comparación y homologación de la información, lo que cobra relevancia por la situación de retroceso en los derechos de la ciudadanía en el país, además de persecución penal contra líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
En el comunicado divulgado, las organizaciones solicitan:
- Al Estado salvadoreño, la generación de mecanismos de diálogo para abordar los múltiples retrocesos en materia de derechos humanos que han sido registrados en los tres informes que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- A tutelar el derecho a la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, agua. El diseño e implementación efectiva de políticas públicas integrales que permitan a la población el pleno goce de sus derechos.
- A la Comisión Nacional Derechos Humanos y Libertad de Expresión que investigue de manera diligente vulneraciones a derechos humanos y conflictividades ambientales registradas en los informes; así como los procesos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos.
- Al Ministerio Público que investigue de manera diligente violaciones a derechos humanos, para deducir responsabilidades y resarcir daños a familiares de personas que han sufrido procesos criminalizantes a causa de su labor como personas defensoras de derechos humanos.
- Y a la comunidad internacional a estar alerta de la información registrada por organizaciones de derechos humanos y organismos no gubernamentales.