Organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, como parte de la caminata en memoria y honor de San Óscar Arnulfo Romero, en el 45 aniversario de su martirio.
La demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también incluyó la firma de varios salvadoreños que se suman a la lucha de solicitar la derogación de la ley, además de las 150,000 que ya había presentado la Iglesia católica a la Asamblea Legislativa.
La demanda fue presentada por la Mesa Nacional contra la Minería, Foto Nacional de Salud, Foro del Agua El Salvador, Red Nacional de Juntas de Agua, y otras 23 organizaciones cívicas. En total se anexaron 59,906 firmas, según los integrantes de las organizaciones ciudadanas.
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La abogada y jefa del área de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, explicó que es una demanda que tiene seis motivos de inconstitucionalidad, uno de forma porque fue aprobada sin ningún debate, sin la consulta técnica y sin consulta a las poblaciones que serán afectadas.
También, que los cinco argumentos de fondo son porque se vulnera el derecho humano al agua y al medio ambiente sano, comentó.
“También es una ley que representa una regresión de derechos muy fuerte y el último motivo es porque esta ley lo que permite es que no se tenga en cuenta los procesos de formación de ley para autorizar las concesiones que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa”, expuso López.
Diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se oponen a la reactivación minera metálica en el territorio salvadoreño por la alta contaminación que generaría el uso de químicos, como el cianuro, en el proceso de extracción; lo que afectaría a las comunidades aledañas a los proyectos mineros y a los principales afluentes del país.
"Esto representa la voluntad de salvadoreños y salvadoreñas que en los territorios se han atrevido a decir no a la minería", dijo Amalia López, representante de la iniciativa contra la minería.
Las organizaciones ciudadanas alegan en la demanda que una ley inconsulta no es constitucional.
"Una ley que violenta derechos humanos no puede ser superior a la Carta Magna", dijo también la representante.
En el comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que la ley implica un fraude a la Constitución al permitir al Estado la creación de sociedades bajo la figura de asocio público privado, con el fin de no sujetarse a los controles y procedimientos constitucionales, tales como la obligación que toda concesión sea otorgada por la Asamblea Legislativa, como lo ordena en su artículo 120.
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“Esta decisión no solo atenta contra las comunidades, los territorios, el agua y la soberanía nacional, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. Además, supone un retroceso en la protección ambiental y la violación de tratados internacionales y constituye un fraude a la Constitución al permitir la participación del Estado en la explotación minera sin los controles adecuados”, se detalla.
El abogado Jonathan Sisco detalló que solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la CSJ verificar los ríos contaminados por procesos de minería metálica en el país en el pasado.
La entrega del documento fue parte de una caminata tras la misa por el aniversario del asesinado del santo salvadoreño desde la capilla del hospitalito Divina Providencia, luego llegaron al Salvador del Mundo, después al parque Cuscatlán en donde varios defensores ambientales y de derechos humanos se unieron para la siguiente parada que fue la Corte Suprema de Justicia.
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Otros ambientalistas también advierten graves daños que generaría dicha práctica en el país. Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), la minería metálica en El Salvador podría requerir el uso de hasta ocho toneladas de arsénico al día durante los diez a 15 años de vida útil de una mina, lo que representaría un “enorme peligro en un país altamente sísmico y vulnerable a fenómenos climáticos extremos”.
Encuestas como la del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, presentada en enero de este año, reveló que seis de cada diez salvadoreños consideran que el país no tiene las condiciones para desarrollar proyectos mineros.
Esta no es la primera demanda en contra de la ley aprobada en 2023, el pasado mes de enero las organizaciones Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Excombatientes por la Democracia, el Movimiento ¿Dónde está Carlos?, la organización Vidas y la Mesa por una Pensión digna presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la minería a la CSJ.
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