Varias organizaciones de la sociedad civil, entre éstas el Bloque de Resistencia Popular, el Movimiento de Víctimas del régimen de excepción (MOVIR), la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), entre otras, realizaron una marcha para exigir que se derogue la recién aprobada ley que permite el retorno de la minería metálica, la liberación de personas inocentes encarceladas bajo el régimen de excepción y como conmemoración del 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
La marcha a la que asistieron centenares de personas, comenzó en el cruce de la Alameda Roosevelt y 25 avenida Sur, de San Salvador, y concluyó en la Plaza Cívica, donde por un momento, muchos manifestantes ocuparon las gradas del edificio de la Biblioteca Nacional (Binaes) para mostrar sus consignas y, la mayoría, las fotografías ampliadas de sus familiares encarcelados, según afirmaron, arbitrariamente.
El desplazamiento de la marcha ocurrió sin problemas, excepto que en algunos lugares, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron fotografías o vídeos de los marchantes. Sobre la 4a. avenida Sur, una cuadra al oriente de la Plaza Cívica, algunos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) estaban pendientes del desarrollo del evento en el que el común denominador fueron las críticas al gobierno de Nayib Bukele.
Entre los manifestantes, destacaba un bloque, tal vez el más grande, de familiares de presos bajo el régimen de excepción. Muchos portaban pancartas con las imágenes de los detenidos y de las solvencias policiales o de centros penales en las que se indicaba que no tenían antecedentes policiales o penales.
Una de esas personas fue Fátima Carolina Gómez quien viajó desde el distrito de Victoria, en el departamento de Cabañas, para exigir la libertad de su hijo, Epifanio de Jesús Perdomo Gómez, detenido el 3 de mayo de 2022, cuando tenía 27 años. Desde entonces, la mujer no sabe nada de su hijo.
Epifanio tampoco sabe que su madre está librando una batalla contra dos tipos de cáncer; por su parte, Fátima tampoco sabe las condiciones de salud de su hijo, quien a la fecha de captura padecía de diabetes tipo 2 y para sobrellevarla necesitaba dos dosis diarias de insulina.
Yasmin Elizabeth Quijano de Navarrete también acudió a la marcha, con la fotografía de su hijo en una pancarta y, a la par, la foto de la solvencia de antecedentes policiales de Luis Antonio Navarrete Quijano, quien fue detenido el 9 de junio de 2023, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, tras ser deportado de Estados Unidos, a donde había huido de los pandilleros, quienes le dieron una paliza hasta dejarlo por muerto en un cañal.
De acuerdo con su madre, Luis estaba en un proceso de asilo, pero la abogada que lo representaba habría cometido el error de no notificarle sobre una diligencia judicial a la que tenía que asistir; al no hacerlo, perdió el caso y fue deportado.
Por su parte, Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, reprochó que el gobierno se niegue a poner en libertad a muchas personas que ya tienen carta de libertad dictadas por el juez de la causa, debido a que no hay pruebas de que tengan vínculos con pandillas.
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Ramírez afirmó también que al menos tres de los presos del penal de Izalco que resultaron heridos tras un amotinamiento registrado la semana anterior, murieron a consecuencia de las heridas. El dirigente social criticó el silencio del gobierno sobre ese hecho.
Desde el pasado 8 de enero, cuando se registró el amotinamiento, las autoridades de la Dirección de Centros Penales, del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como de la Policía Nacional Civil no han informado absolutamente nada del incidente que, de acuerdo con fuentes de este diario, sucedió en el sector 1, donde están alojados miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Por su parte, Ivania Cruz, dirigente de Unidech, señaló al gobierno de Bukele de ser un régimen dictatorial y facista, criticándole tener encarcelado a un negociador de los Acuerdos de Paz, como Atilio Montalvo, excombatiente de la guerrilla, y de tener preso a un comunicador como Luis Menjivar, afirmó Cruz.
El abogado Rudy Joya, que asistió a la marcha, dijo que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), una institución que surgió tras los Acuerdos de Paz, afirmó que hoy es una institución que está politizada, que sirve a los intereses del gobierno y no del pueblo, no vela porque los derechos humanos en El Salvador se cumplan. No se ha pronunciado sobre la aprobación de la ley de la minería, lo cual va a afectar mucho al pueblo salvadoreño.
Joya dijo que actualmente son organizaciones de la sociedad civil las que han retomado las funciones que debería ejercer la PDDH. Mencionó, a manera de ejemplo, que solo en el 2024, Unidehc y MOVIR, presentaron más de 20 denuncias por vulneración de derechos humanos y a ninguna le han dado respuesta.
Durante la marcha, hubo señalamientos de que varias de las instituciones que fueron creadas a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, como la PNC, la PDDH y las nuevas funciones de la Fuerza Armada, se han desnaturalizado, pues estas instituciones no están al servicio del pueblo sino que han sido politizadas.
Francisco Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, hizo un llamado a luchar por la libertad de las personas encarceladas injustamente, a luchar contra la persecución política para construir una sociedad más justa y equilibrada.
Durante la manifestación, también se aseguró que el gobierno de Bukele ha desarticulado el movimiento sindical en El Salvador. Denunciaron que por lo menos 64 dirigentes sindicales han sido despedidos de instituciones gubernamentales. Así también, informaron que de 861 sindicatos que había registrados hasta 2019, actualmente 400 han desaparecido.
Ricardo Navarro, director de la organización ecologista CESTA, aseguró que con la actividad de minería metálica a la que el gobierno ha abierto las puertas luego de aprobar una ley sobre ese rubro, habrá mucha gente desplazada de sus domicilios. “Con el oro que realmente hay en El Salvador, habrá que desplazar miles de personas, habrá que deforestar hectáreas de terrenos… Va a tener que tomar una decisión: o le da agua a la industria del oro o le da agua a medio millón de personas… Creemos que Bukele debe reflexionar…”.
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La nueva ley sobre la minería fue sancionada por Bukele, según informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro quien, a pesar de todas las voces que se han alzado rechazando la minería metálica, dijo que espera “que sea un proyecto de beneficio para la mayoría de salvadoreños”.
La Iglesia Católica, la academia y muchos sectores han manifestado su rechazo a la minería debido a la destrucción del medio ambiente y a la contaminación de los mantos acuíferos y específicamente del río Lempa.