Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos y otras naciones, para que retiren apoyo al gobierno salvadoreño en materia de seguridad digital, argumentando que este es utilizado en contra de los defensores de derechos humanos.
“Nosotros informamos esta mañana al gobierno de Estados Unidos y otros estados, que están apoyando en materia de seguridad digital, a que por favor, vean la utilización de estos recursos y que los retiren porque están siendo mal utilizados en contra de defensores de derechos humanos”, expresó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
Escobar recordó que defender derechos está amparado en la Constitución de la República y convenios internacionales ratificados por el Estado salvadoreño.
Asimismo los representantes de cuatro organizaciones manifestaron haber recibido el apoyo de 85 organismos internacionales de Europa y Latinoamérica, luego de una denuncia de acoso y vigilancia estatal realizada el pasado 18 de abril.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Coffapes) explicó que el acoso se da por la intimidación en actividades públicas que realizan, pero también han tenido vigilancia de sus sedes.
“Como lo que se denunció del Socorro Jurídico Humanitario donde hubo presencia de personas que tomaron fotografías y registraron las actividades que hacían las organizaciones y hemos verificado personas que toman fotografías de las casas donde habitamos”, expuso.
Por otra parte manifestaron que en la actividades que realizan llegan detectives a tomar fotografías, quienes se hacen pasar como periodistas, y no descartan la intervención telefónica.
“Todo eso hemos pasado las organizaciones a lo largo de este año por realizar la labor de defensa de los derechos humanos, de las víctimas inocentes que están en las cárceles, pero también, de las personas que sufren persecución política, con estos delitos fabricados y una Fiscalía que está al servicio del régimen del régimen de Bukele”, declaró Palacios.
Los defensores reiteraron su denuncia del acoso a la abogada Ivania Cruz, integrante de Coffapes, quien obtuvo un informe de la Fiscalía en el que se detalla la vigilancia de la que ha sido objeto ella, así como los dirigentes de otras organizaciones.
Los afectados hicieron un llamado al fiscal general, Rodolfo Delgado, para que investigue a los funcionarios implicados en esas actividades de seguimiento.
Los integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) aseguraron haber sido seguidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y amenazados de ser detenidos después que dieron una conferencia de prensa para exigir la libertad de sus familiares.
Por su parte, líderes de la región del Bajo Lempa denunciaron que los jóvenes de sus comunidades han sido acosados en represalias a las críticas públicas que han realizado en contra de la militarización en el contexto del régimen de excepción.
Fiscalía debe investigar
Aunque hasta el momento no han presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes, consideran que el fiscal debe actuar de oficio.
“Cada vez que salimos en conferencia es una denuncia pública y notoria y el fiscal está obligado a investigar, de oficio, delitos como lo que sucede a Ivania Cruz, a quien se les persigue políticamente por su labor de defensora de derechos”, agregó Escobar.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado salvadoreño responsable de la desaparición de una defensora de derechos humanos.
El Tribunal concluyó que la desaparición de Patricia Cuéllar constituyó una violación del derecho a defender los derechos humanos, adicionalmente declaró la responsabilidad de El Salvador por las afectaciones que se produjeron en los familiares y las reconoce como “victimas indirectas”. “Es un aliciente, es un respiro ante tanta arbitrariedad”, dijo al respecto Escobar.