La organización de derechos humanos Pro-Búsqueda, fundada en 1994 por el jesuita español Jon de Cortina, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el bloqueo por parte del Ejército y del Gobierno de El Salvador al acceso a archivos militares que contienen información sobre masacres cometidas durante la guerra civil (1980-1992).
Así lo informaron este jueves los integrantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor para una Ley de Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado.
La audiencia temática se realizó el martes en el marco del 186 periodo de sesiones de la CIDH sobre acceso a información reservada o de archivos militares en casos de desaparición forzada en la región, indicaron en una conferencia de prensa los participantes.
Durante la audiencia solicitaron a la CIDH que emita un pronunciamiento sobre "la negativa" de la Fuerza Armada y del Gobierno de entregar archivos con información de masacres, como la perpetrada en la remota localidad de El Mozote por el Ejército en diciembre de 1981.
"Los archivos militares sí existen, pero existe una clara posición política de proteger a los criminales de guerra por parte de los altos mandos militares", subrayó el abogado David Morales, exprocurador de derechos humanos, durante la conferencia.
Morales amplió que se solicitó a la CIDH que "ejerza una presión jurídica como organismo de derechos humanos al Gobierno y a la Fuerza Armada para que se entreguen los documentos".
Agregó que "hay prueba de la existencia de los archivos que contienen planificación, estrategias y logística de operativos militares".
Representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote denunciaron en marzo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que un bloqueo al acceso de archivos militares está causando una obstaculización de la justicia en este caso.
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La Corte Interamericana dictó sentencia por este caso en 2012 y estableció la responsabilidad del Estado por la masacre de al menos 440 personas, muchas de ellas niños, a manos de la Fuerza Armada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a unas 1,000.