Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia para conocer más detalles sobre las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad y el Estado salvadoreño en el marco del régimen de excepción.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Azul Originario, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Colectiva Feminista, Cristosal, la Fundación DTJ, Fespad, la Fundación para el Debido Proceso y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), entre otras, expondrán los principales abusos durante los últimos tres meses.
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Este miércoles, el Idhuca adelantó algunos de los puntos que las organizaciones salvadoreñas defensoras de derechos humanos resaltarán ante la Comisión, un cuerpo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre estas, el Idhuca destaca que “ha ocurrido detenciones arbitrarias generalizadas en el marco del régimen de excepción”.
Esta es, según entidades como Cristosal o Human Rights Watch, la violación a derechos humanos más recurrente en estado de excepción. Cientos de salvadoreños inocentes han sido detenidos y llevados a centros penitenciarios sin pruebas y algunos, incluso, fueron apresados bajo engaños de agentes.
Asimismo, expondrán las condiciones carcelarias. Según el instituto de derechos humanos de la UCA, “las personas detenidas no tienen acceso a suficiente comida o atención médica” y se reporta hacinamiento, malos tratos y hasta tortura en penales.
También discutirán las cerca de 40 muertes de personas bajo custodia. Entre estas, se presume que decenas se debieron a golpes y violencia. Finalmente, adelantaron que expondrán violaciones al debido proceso y el impacto de algunas reformas legales que acompañan el régimen de excepción. Entre estas, algunas reformas a delitos relacionados a pandillas.
Juristas han advertido que estas reformas no establecen penas proporcionales o se basan en ambigüedades. Además, el oficialismo aprobó una reforma al código penal que amenaza con cárcel a periodistas que publiquen información producida por pandillas y que pueda crear zozobra. Esto último abre las puertas a la censura y ha sido calificado de “mordaza” por la Asociación de Periodistas y otras entidades.
Pese a estos abusos, el martes el oficialismo volvió a prorrogar el régimen de excepción 30 días más.