Ante la posibilidad de reactivar los proyectos de extracción minera en la zona norte del territorio salvadoreño, decenas de personas se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados no derogar la ley que prohíbe en su totalidad la activación de este sector.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones civiles, ambientales y miembros de la Iglesia Católica, que forman el Movimiento Social Salvadoreño, presentaron una carta para expresar su descontento y pedir a los diputados se legisle en favor de la población.
Los activistas fueron detenidos con una barricada de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC, a las afueras de la Asamblea; horas después una comisión de activistas pudo ingresar al recinto para entregar el escrito, a la espera que este sea expuesto en la próxima sesión plenaria.
Amalia López, miembro de la Alianza Contra la Privatización del Agua, sostiene que al reactivarse la minería por lo menos cinco departamentos van a ser gravemente afectados, mismos que según el Censo de Población 2024 son los menos beneficiados con servicios de agua potable de ANDA, obligándolos a gestionar por su cuenta estos recursos.
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“Les van a contaminar sus mantos acuíferos, eso es injusticia a todas luces, eso es violentar los derechos humanos de la población. Por eso salimos nuevamente a las calles, no a pedir, venimos a exigir a los diputados que no se atrevan a manosear la dignidad de los salvadoreños, que no se atrevan a derogar un instrumento legal único en su género”, señaló López.
Para la activista el foco de atención no debe estar en la modificación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, sino en la remediación ambiental de las 15 minas artesanales abandonadas en La Unión.
“Si se reactiva la minería hay al menos cinco departamentos que serán ampliamente afectados, que además han estado abandonados por el Estado. De acuerdo a los datos del Censo 2024, Chalatenango, Morazán y La Unión son los departamentos con menos servicios de agua y les van a contaminar los mantos acuíferos”, agregó López.
Tras las declaraciones del presidente, Nayib Bukele, en las cuales tachó de “absurdo” la prohibición total contra minería, las organizaciones ambientalistas han alzado su voz para externar su descontento ante esta situación.
La Iglesia Católica también se ha pronunciado en contra de estas intenciones exigiendo se respete la voluntad del pueblo y se garantice su calidad de vida.
“Cómo iglesia acuerpamos el pronunciamiento que ya se ha hecho por parte de los obispos de Centroamérica, donde se nos ha recordado que la minería contamina y es muerte, no es cuestión de política, sino de vida, por eso hacemos el llamado a la Asamblea para que no se deje llevar por el fanatismo al oro y el poder”, señaló Erick Zamora, del Foro Ecuménico de la Iglesia Católica y la caminata ecológica.
En 2017 la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la aprobación de la Ley contra la minería encabezando una marcha hasta la Asamblea y la recolección de más de 30 mil firmas.
“Hoy recordamos que toda la creación de Dios es una bendición, no solamente el oro, la creación entera hay que defenderla (...), por eso queremos exigir justicia ambiental, porque el oro no se toma y no se come”, agregó Zamora.
El Foro del Agua, representado en el plantón, detallaron que existe suficiente información técnica de que no hay una sola práctica de minería metálica, a nivel global, que no destruya el territorio, contamine o agote el agua; lo cual difiere al discurso de los funcionarios salvadoreños en las últimas semanas.
La veta de oro detectada en el subsuelo se encuentra entre Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, estos departamentos conforman la zona norte del país, misma que alimenta al río Lempa.
“No existe una sola experiencia minera que haya enriquecido a la población que la ha desarrollado, por el contrario minería siempre ha sido sinónimo de miseria y muerte para la población que la práctica”, dijo Carlos Flores, representante del Foro del Agua.
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Los miembros de las organizaciones firmantes del escrito presentado este martes son conscientes del deterioro al medio ambiente que estos proyectos generan, así como su relación con la aparición de enfermedades crónicas, cáncer y malformaciones en los recién nacidos.
“Sabemos que está lucha se vuelve más potente, nuestra exigencia a este pleno legislativo es que no reviertan esa Ley que prohíbe la minería metálica en el país”, manifestó Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta y referente de la Mesa Frente a la Minería Metálica.
La activista sostiene que las comunidades rurales serán las primeras afectadas por la contaminación del agua y la aparición de enfermedades crónicas.
“Creemos que los legisladores tienen mucho que ver con las decisiones para este pueblo, estamos aquí porque creímos en el 2017 haberle apostado a una Ley que prohíbe la minería metálica para salvarnos de la contaminación por el cianuro y otros materiales pesados”, concluyó Morales.
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