Representantes de diferentes organizaciones se concentraron este domingo frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador para exigir a las autoridades gubernamentales la liberación de los líderes comunales y defensores de derechos humanos que habrían sido detenidos de forma arbitraria bajo el régimen de excepción.
El Bloque de Resistencia Popular (BRP) denunció un incremento en la represión “dirigida directamente a defensores y defensoras de derechos humanos y dirigentes de organizaciones populares que han sido capturados de manera ilegal y arbitraria”, señaló en su postura.
Mencionan entre los detenidos los casos de José Santos Melara, José Atilio Montalvo, Eliseo Alvarado Segura, Pedro Alfonso Mira y otros integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. También mencionaron a Luis Alberto Menjívar, comunicador social y estudiante de Sociología de la Universidad de El Salvador, quien daba cobertura periodística a las actividades de esa organización el pasado 30 y 31 de mayo.
Organización dice que el 37% de muertes en penales es por falta de atención médica
“Los detenidos están injustamente acusados de planificar atentados contra la inconstitucional toma de posesión del actual presidente”, señalaron a través de un comunicado.
Asimismo, los representantes del BRP recalcaron la captura de Félix Ángel López Flores, hijo del abogado y defensor de derechos humanos Félix López; la captura de Eugenio Chicas, testigo clave en el caso de los ambientalistas de Santa Marta; Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, y la persecución contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, de la misma organización.
“Como ya lo hemos manifestado anteriormente, requerimos al Estado y al gobierno de El Salvador que respete, proteja y garantice la salud y la vida de los compañeros detenidos, que son personas adultas mayores y, en algunos casos, ya padecen enfermedades crónicas”, sostiene el comunicado.
Socorro Jurídico Humanitarios contabiliza 380 personas muertas dentro de las prisiones desde el inicio del estado de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta la fecha.
El 33 % de las personas murieron en los penales por falta de atención médica. Sumado a esto, en muchos de los casos, las personas tenían diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, neumonía, enfermedades gastrointestinales y desnutrición severa.
Por otra parte, esa organización señala que el 37 % de las personas fallecidas presentaban indicios de muertes violentas.
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Veteranos del conflicto armado expresaron su “preocupación por el alto grado en que el gobierno está implementando esa represión y persecución política a nuestro sector”, dijo uno de los representantes.
“Bukele prometió y prometió, pero lo que estamos viendo es un retroceso. Por ejemplo, se han cerrado 54 centros educativos, la atención en el ISSS es deficiente y hay intenciones de privatización, haciéndolo desaparecer, así como a nosotros; prácticamente ya no hay medicamentos”, señaló Salomón Alfaro, del Colectivo de Veteranos, en declaraciones a YSUCA.
Por lo tanto, las organizaciones exigieron a las autoridades la liberación de los defensores detenidos, que reciban un proceso judicial justo y apegado a las leyes, así como el respeto a la protesta pacífica, de acuerdo con lo que se reconoce en la Constitución.
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