La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Plataforma Nacional por el Hábitat y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (Movi-Tierra) denunciaron la crisis habitacional que enfrentan miles de familias salvadoreñas y pidieron emitir una ley que garantice el derecho humano a la vivienda.
Este lunes, los tres organismos civiles expusieron las carencias en el tema de viviendas en el marco del Día Mundial Del Hábitat y aludieron a la reciente aprobación de las disposiciones especiales para el “Otorgamiento de Incentivo Fiscal para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios de Altura”, que beneficiaría a desarrolladores de edificios de más de 35 pisos.
Las organizaciones denunciaron que desde el 2010 existen propuestas populares para garantizar el derecho a la vivienda y un hábitat adecuado, pero que ninguna de estas se implementa y que, por el contrario, permanecen archivadas en la Asamblea Legislativa. Por tanto, llamaron a las autoridades del país a impulsar incentivos para que la población pueda adquirir una vivienda y que esta sea adecuada.
En la argumentación para aprobar los incentivos fiscales llevó a diputados del oficialismo a afirmar que el alto costo de las viviendas es fruto de la seguridad y que no representaba problemas para las familias salvadoreñas, mientras que fracciones independientes señalaron las dificultades para encontrar viviendas sociales.
Según Teresa Hernández, de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de Fespad, existe un bajo porcentaje de terrenos o casas a nombre de mujeres, siendo apenas el 30%, versus un 70% en donde son hombres los propietarios.
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Además, señala la carencia de agua en la mayoría de viviendas, pues de cada diez familias, seis residen en viviendas sin condiciones ni accesos básicos.
“Precisamente, es que no tiene el acceso al agua potable, no hablando de la calidad, sino, de tener el líquido ahí y se está viendo la permisibilidad que se tiene de parte del Estado para empresas comerciales, utilizando cantidades grandes de líquido y desprotegiendo a comunidades”, dijo Hernández.
A través de sus redes sociales, Fespad indicó que tampoco se evidencia voluntad política para garantizar el derecho al agua a las grandes mayorías.
“Se ha priorizado a sectores comerciales y a proyectos urbanísticos, ignorando las necesidades de la población, específicamente de comunidades, asentamientos humanos irregulares, habitantes de la zona urbana, etcétera”, manifestó el organismo ciudadano.
En conjunto, Fespad, Plataforma Nacional por el Hábitat y Movi-Tierra solicitaron al Estado la creación e implementación de políticas públicas orientadas a proteger el derecho al agua.
Cuestionada ley
Mientras que Nuevas Ideas asegura que los apartamentos de edificios de altura sí podrían ser costeados por la mayoría de familias salvadoreñas, Marcela Villatoro de Arena, afirmó que el 88% de las nuevas viviendas que se construyen en el país se hacen para personas con ingresos de más de $1,500.
“Esto no es para la población que tiene escasos recursos económicos, es el 90% de nuestra población tiene ingresos menores a $453, estas construcciones no van a ser para ellos, van a ser para quienes tienen el poder económico para comprar estos apartamentos, no para el salvadoreño común. El 60% de los salvadoreños viven en condiciones de hacinamiento”, expresó Villatoro a mediados de septiembre.
Con la aprobación de las disposiciones especiales para el otorgamiento del incentivo fiscal y fomento de desarrollo de proyectos inmobiliarios de altura, se declararon exentas del pago del Impuesto sobre la renta, las utilidades e ingresos que obtengan las personas naturales, jurídicas y uniones de personas, que sean titulares de nuevas inversiones en proyectos de construcción o edificación de desarrollos inmobiliarios en altura.
La exención operará por el período de quince años, los cuales serán contados a partir del ejercicio de imposición en que se comiencen a obtener tales utilidades e ingresos.
“Únicamente beneficiará a los sectores empresariales”, señaló la Plataforma a través de su comunicado.
Las rentas tampoco estarán sujetas a la aplicación de ganancia de capital, así como de retenciones en la fuente, ni al pago o anticipo a cuenta del referido impuesto.
“El incentivo regulado no será aplicable para quienes ostenten el carácter de adquirentes de apartamentos, oficinas, establecimientos, comercios, o dedicados a la prestación de servicios, ni para los usuarios que arrienden o subarrienden dichos espacios”, se aprobó.
La Plataforma Nacional por el Hábitat, además, denunció que la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o la Posesión Regular de Inmuebles se convirtió en un instrumento violatorio del derecho a la vivienda adecuada y digna.
“Solo en el periodo de 2017 a 2021 la Corte Suprema de Justicia registró 1,726 personas que se activaron en el marco de dicha ley, es decir se ha convertido en herramienta para realizar desalojos forzosos”, señaló.