Representantes de tres organizaciones civiles presentaron este jueves por la mañana ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad del decreto 547, el cual establece reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, vigente a partir del 7 de diciembre del año pasado.
La abogada Roxana Cardona, representante de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana, explicó que el artículo 21-A representa una retroactividad en perjuicio de muchas personas.
El artículo al cual se refiere la jurista permite que los procesos penales tramitados con base a esa ley, iniciados antes de la entrada en vigencia del decreto y que se encontraran en la fase de instrucción, pueden ser ampliados por un plazo de doce meses. El decreto además establece que ese plazo puede ser prorrogado hasta por doce meses más.
Cardona explicó que muchas personas fueron capturadas en marzo de 2022, finalizando el plazo de la fase de instrucción en septiembre, pero la ampliación fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) hasta diciembre al entrar en vigencia el decreto.
Asimismo, el artículo establece que “ los procesos penales iniciados en una o distintas sedes judiciales, en contra de diferentes personas que pertenezcan a una misma organización criminal o terrorista” por petición de la Fiscalía pueden ser juzgados en un mismo proceso y en grupo.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, aseguró que el Estado cuenta con los suficientes mecanismos legales para poder procesar a las personas por sus acciones individuales.
“Lo que sucede es que la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente tiene en el acta que vía una llamada anónima se ha acusado a una persona, no hay más pruebas, por lo cual están implementando las audiencias masivas”, aseguró Escobar.
Escobar explicó que esperan una respuesta de la Corte a más tardar en 30 días hábiles, según lo establece la ley.
Familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) acompañaron la presentación de la demanda ante la Corte, con la esperanza que sus parientes que llevan más de un año detenidos y que aún no se les ha comprobado su participación en un delito puedan salir en libertad lo más pronto posible.
Samuel Ramírez, representante de Movir, dijo que consideran que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, no ha brindado un dato correcto al decir que más de 7,000 personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas.
“Los liberados no superan los 2,000”, aseguró Ramírez, cuyo Movimiento informa diariamente en sus redes sociales nombres de personas que salen libres de algunos penales.