Nueve de cada diez organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos confirmaron haberse aplicado una “autocensura”, por temor a represalias gubernamentales, así lo indica un nuevo informe presentado por Cristosal.
“El régimen de excepción ha generado un clima de miedo y represión, el 88.3% de las organizaciones consultadas se han autocensurado por miedo a ser detenidos como consecuencia”, detalló Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, durante una entrevista matutina.
La investigación titulada “Ver, oír y callar” sobre el espacio cívico en El Salvador, deja ver cómo las organizaciones han reducido sus denuncias públicas para evitar ser blancos de ataques y seguir trabajando con un bajo perfil.
Navas agregó que este estudio “muestra cómo los espacios cívicos en El Salvador se han ido perdiendo. La participación ciudadano ha venido en detrimento significativo por diferentes miedos en El Salvador”.
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Cristosal sostiene que se está viendo afectado el derecho libertad de expresión, organización, el derecho de la libre manifestación, así como el derecho a la libre asociación.
“Este gobierno ha ido reprimiendo de una manera diferente a gobiernos anteriores, ha socavado la participación ciudadana”, dijo Navas.
El 74% de las organizaciones reconoce un cierre de los espacios públicos y pérdida del acceso a dialogar con autoridades locales.
Rina Montti, directora de investigación en Derechos Humanos de Cristosal, argumentó que “las organizaciones hablan que han tenido que utilizar o se les ha impuesto la censura para poder seguir operando (...) para seguir funcionando han tenido que censurar, como normalmente decimos morderme la lengua y no decir todo lo que pienso porque hay indicaciones que si no bajo el nivel de crítica me puede generar consecuencias que van desde el cierre de organizaciones hasta la amenaza y persecución”.
Con la imposición del régimen de excepción las organizaciones sostienen que las autoridades han hecho uso de diferentes medidas de represión, una de las más comunes fue los retenes en las principales vías de acceso a San Salvador cuando se ha convocado a una marcha pacífica.
“Los retenes han sido mal utilizados para servir como una especie de barrera para que las personas no puedan llegar a los lugares donde se convoca una manifestación. En estos casos el temor de la gente son las detenciones”, declaró la directora de investigación.
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Montti declaró que “las personas están utilizando la autocensura, que se miden más con lo que dicen o cuando van manifestaciones no usando su nombre real y tapan su rostro”, para evitar ser localizados tras exponer sus denuncias.
Además, 9 de cada 10 organizaciones nacionales sostienen que sus empleados y colaboradores tienen temor, esto ha impulsado la salida de sus miembros sobre todo de los más jóvenes, la baja de ingresos y personal para realizar sus actividades.
El “6.5% de las organizaciones hablan de la migración de personas de sus organizaciones, más por el tema de persecución. Ese es otro patrón que hemos identificado: la criminalización de las personas organizadas”, agregó Montti.
Entre las medidas de autoprotección que los activistas han tomado es dejar de usar sus chalecos o identificaciones en público, no mencionar donde trabaja, instituciones que dejaron de usar sus logos o lemas, entre otros. Para Cristosal este patrón está afectando la estabilidad de los activistas en las organizaciones.