Organizaciones de sociedad civil emitieron este lunes sus valoraciones sobre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el régimen de excepción y derechos humanos, el cual consideran que representa “una validación de las voces de las víctimas”; mientras que la postura del gobierno fue tratar de desacreditarlo.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), señaló que las organizaciones documentan y divulgan los casos de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción “ante la falta de datos oficiales y el bloqueo de información pública”, que fueron insumos para el informe de la CIDH.
Destacó que la Comisión retoma que la práctica de recurrir a estados de excepción o de emergencia para resolver cuestiones de seguridad puede ser usado para violentar los derechos humanos de los habitantes.
Sobre la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno que cuestiona la veracidad de la información y los testimonios de afectados, lo calificó como “muy deplorable” desatender a las víctimas.
“Es muy perjudicial y ofensivo que se desacredite las vivencias de las víctimas y que el Estado no tome el rol activo que debe tener en la defensa, promoción y protección de derechos humanos”, dijo Santos.
Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, destacó las recomendaciones de la CIDH, como la de poner fin a la suspensión de garantías constitucionales, la elaboración de una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial; así como publicar datos sobre las acciones en el marco de dicha política de protección ciudadana, incluso de las fases del Plan Control Territorial y elaborar un plan de reparación integral para las víctimas, entre otras.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), lamentó que el Estado salvadoreño no acepte las recomendaciones generadas por la Comisión, ya que el informe era conocido desde el año pasado con un primer borrador.
“El informe de la Comisión presenta de manera constante en sus distintos apartados tanto la información recabada por la CIDH como la respuesta del Estado ante esa información. A pesar de ello, a pesar que el Estado salvadoreño conocía el contenido y conocía las recomendaciones, sigue sin aceptar estas recomendaciones”, expresó.
También señaló que el Estado, en este caso la reacción del comisionado presidencial de Derechos Humanos, recurre “a la estrategia de desacreditar a las víctimas” y la metodología del informe, pese a que la CIDH ha realizado otros informes de país con metodología similar.
“En este caso son testimonios directos con las víctimas que han sufrido violaciones a derechos humanos. La Comisión habla de al menos 29 testimonios que ha recogido de víctimas; pero también de abogados y abogadas defensoras de estas personas, de familias que se han visto afectadas también por la detención arbitraria o la violación de derechos humanas a otras personas”, agregó Reyna.
David Morales, de Cristosal, destacó que el informe de la CIDH “es el llamado internacional más fuerte para que cesen las violaciones a los derechos humanos en El Salvador que está ocasionando el régimen de excepción. La tortura es inaceptable en cualquier circunstancia, dice la Comisión”, dijo Morales.
Reiteró que las recomendaciones apuntan a la reparación de las víctimas, hacer un registro de víctimas e investigar quiénes son los responsables de las prácticas de abusos y expresa su preocupación a los casos de tortura y hasta muertes bajo custodia del Estado.
“Este tipo de medidas de reparación, desde el sistema interamericano, las habíamos visto formuladas para los casos del conflicto armado. Esto quiere decir que la Comisión está dimensionando la magnitud y la gravedad de las violaciones a derechos humanos que está provocando el régimen de excepción”, expuso Morales.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), consideró que el informe es “una hoja de ruta” para que el Estado salvadoreño restablezca el Estado de derecho y el debido proceso y que la CIDH también ofrece apoyo técnico; por lo que el Estado no podría alegar que la Comisión esté obstaculizando sus intentos por reducir la criminalidad.
“Señala que esta política de seguridad pública no puede basarse en esta violación masiva de derechos humanos”, expresó Arteaga.