Diferentes organizaciones nacionales e internacionales exhortaron este martes al gobierno de Nayib Bukele a implementar políticas de seguridad integral en favor de la ciudadanía y a respetar los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales.
Esto al pronunciarse en conferencia de prensa sobre las políticas de seguridad pública y Estado de derecho en el actual contexto de violencia en El Salvador.
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Algunas de las organizaciones que expresaron su profundo rechazo a la violencia en cualquier forma son: Due Process of Law Foundation, The Washington Office on Latin America (WOLA), Defendiendo derechos para cambiar realidades en las Américas (Cejil), Cristosal y otras.
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El presidente Bukele aseguró este lunes que más de 6,000 “pandilleros” fueron detenidos bajo el régimen de excepción que impulsó desde el último domingo de marzo y que surgió como respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 del mismo mes.
Sin embargo, diversas organizaciones denuncian que los cuerpos de seguridad están excediéndose en su actuación con detenciones masivas, pues en algunos casos no hay una orden de arresto, hay un trato cruel, inhumano e incluso degradante sobre los sospechosos.
Foto EDH/ Menly Cortez
Al respecto, Abraham Ábrego de Cristosal hizo un llamado al Estado salvadoreño para que revise este tipo de medidas y evite violar los Derechos Humanos de los salvadoreños. Además, detalló que han recibido 34 denuncias por violaciones a Derechos Humanos. 26 son abuso de autoridad, lesiones, detenciones y 8 con familiares que denuncian situaciones violatorias en las cárceles.
“Todas en una semana”, puntualizó y agregó: “Vemos con preocupación detenciones masivas, casos de torturas y otras violaciones a DD.HH.”.
Danilo Flores del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dijo que si bien reconocen que la violencia tiene causas estructurales, esta “debe ser abordada de manera responsable por parte del Estado”.
Por su parte, Leonor Arteaga de la organización Due Process of Law Foundation, enfatizó que “se debe priorizar la atención a las víctimas de la violencia y no solo el enfoque represivo”.
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“Estamos muy preocupadas por todo lo que está viviendo la población salvadoreña. Nos parece muy importante que haya disminución en homicidios. Sin embargo, nos parece igual importante que se tome en cuenta como indicador la impunidad”, agregó.
Vanesa Coria de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de DD.HH. expresó su preocupación y apoyo al trabajo de las organizaciones salvadoreñas y enfatizó que su labor “es de vital importancia en el contexto actual del país”.
"Estamos viendo retrocesos"
De igual manera, Tamara Taraciuk, directora en funciones de HRW para las Américas, expresó su apoyo total a la sociedad civil salvadoreña y a los periodistas, que siguen trabajando y poniendo el foco en las dificultades que enfrenta el país en cuanto a afectaciones de Derechos Humanos.
“Estamos viendo un retroceso alarmante de garantías en el país. Se está haciendo lo que a Chávez le llevó 10 años hacer (en Venezuela)”, comparó la directora en funciones de HRW.
Además, consideró que las políticas que han sido adoptadas por el Gobierno de Bukele “en vez de proteger a la población están poniendo en riesgo sus derechos”.
“Tenemos preocupaciones graves sobre el estado actual de El Salvador”, señaló la representante de la organización The Washington Office on Latin America (WOLA).
En ese mismo sentido opinó Astrid Valencia de Amnistía Internacional, quien manifestó que “las violaciones a Derechos Humanos no pueden ser una estrategia de Estado para el combate de la criminalidad”.
Ella recordó que en junio 2019 sostuvo una reunión con el presidente Bukele. “Solicitamos evaluar desafíos y le invitamos a desarrollar estrategias que tomaran en cuenta derechos humanos internacionales”, comentó.
Por su parte, Anabel Recibos de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana apuntó que “nunca hemos tenido un gobierno tan irrespetuoso a los Derechos Humanos”.
“Estamos convencidos que la seguridad ciudadana debe ser una política integral del Estado”, planteó.
"Ni aliados ni financistas"
El presidente Bukele ha acusado a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, de ser “socios o de defender” a grupos criminales.
No obstante, las organizaciones civiles aclararon que no son "ni aliados ni financistas" de organizaciones de pandillas, sino que trabajan con programas de atención a víctimas de violencia.
“No somos adversarios o oposición. Si se sigue (hostigamiento) seguiremos denunciando”, aseguró Abraham Ábrego de Cristosal.