El Centro de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLC) de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) registró 73 vulneraciones al espacio cívico salvadoreño entre enero y agosto de 2024, referidas a afectaciones al derecho de libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica.
De esos, 36 corresponden a la libertad de expresión, que equivale al 49.3 %; 28 casos se relacionan a la libertad de asociación, el 38.4 % y nueve a la libertad a la reunión pacífica, que representa el 12.3 %.
"Durante estos primeros ocho meses de monitoreo, el numero de casos relacionados con la libertad de expresión subraya la necesidad de continuar vigilando y promoviendo el respeto a las libertades cívicas, así como garantizar que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos", señala la organización.
El sistema de monitoreo es una herramienta enfocada en registrar, sistematizar y denunciar las condiciones que afectan el espacio cívico en El Salvador y los marcos normativos que limitan los derechos humanos.
"Cuando estamos denunciando que hay un cierre del espacio cívico, que hay agresiones, lo que estamos diciendo es que está en peligro la buena gestión, no del actual gobierno, la buena gestión pública como práctica de Estado, la gestión pública de la mano con la población, la gestión pública que responda a las necesidades de la gente", expresó este miércoles Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD.
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Al revisar el perfil de personas o entidades afectadas, se obtuvo que la mayoría fue en contra de periodistas, seguido de líderes sindicales o activistas, defensores de derechos humanos, luego contra organizaciones sociales, contra miembros de partidos políticos, contra manifestantes y contra miembros de la comunidad LGTBIQ+.
"Al final, lo relevante de esto es decirle al Estado de El Salvador que están ocurriendo hechos que están restringiendo el espacio cívico y eso afecta a la buena gestión pública",
Héctor Carrillo, director ejecutivo FESPAD
En cuanto a los agresores, en 28 casos fueron funcionarios públicos, en 19 casos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en cinco casos una Alcaldía Municipal, en cuatro casos fueron simpatizantes de partidos políticos, en cuatro casos fueron usuarios de redes sociales, en tres casos fueron empleados públicos, en tres casos el Poder Judicial, en tres casos fueron empresas privadas, tres casos por desconocidos y en un caso el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró hasta agosto 165 agresiones contra el ejercicio periodístico en este año. "Se han identificado una serie de patrones y se ha identificado vulneraciones sistemáticas, no aislada, es un tipo de vulneración sistemática que se está dando en nuestro país a la libertad de expresión y a la libertad de prensa", dijo Hugo Sánchez, relator de libertad de expresión de la APES.
"Lo preocupante es que como gremio periodístico estamos llegando a naturalizar esto, ya es ‘normal’ o ya vemos común que un policía me aborde y me pida que borre material",
Hugo Sánchez, relator libertad de expresión APES
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En el caso del derecho de reunión, los días 1 y 18 de mayo de 2024 se registraron intentos de desarticular reuniones pacíficas, mediante retenes y solicitudes de permisos innecesarios.
"Si bien el gobierno puede establecer restricciones o puede establecer medidas de seguridad, éstas tienen que ser proporcionales y esto está basado en estándares internacionales, incluso las restricciones o las autoridades deben demostrar que las restricciones, son legales, necesarias y proporcionales", dijo Diego Vargas, técnico jurídico de FESPAD.
Se registraron discursos estigmatizantes contra organizaciones de derechos humanos, lo que también implica una reducción del espacio cívico.
De que ahí que instan al gobierno a habilitar mecanismos de diálogo con la sociedad civil. "Ni siquiera estamos pidiendo que se comprometa a algo, sino que establezca un mecanismo formal para escuchar. Eso es básico", afirmó Carrillo.
Piden que interpongan sus buenos oficios las Relatorías de Libertad de Expresión y de Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación de las Naciones Unidas; así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.