La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) llamó al Estado de El Salvador a restablecer un mecanismo internacional de apoyo a la lucha contra la corrupción y apoyar políticas públicas de transparencia, crear una fiscalía especial contra ese flagelo y garantizar procesos transparentes, objetivos y meritocráticos en el gobierno.
Estas son algunas de las recomendaciones que la organización internacional formuló al dar a conocer en San Salvador su informe “Carrera de obstáculos: confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador”.
La presentación fue presidida por Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF, y Gabriela Mundo, oficial del Programa para Centroamérica, con la participación del abogado peruano José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y exfiscal de Perú, así como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Andei González, exfiscal de la misma unidad.
Según el informe, el fenómeno de la corrupción en El Salvador es estructural, transversal y generalizado, como se ha observado en las últimas tres décadas en varios casos y con gobiernos de distinta orientación política, pese a que en sus respectivas campañas electorales, los candidatos han reiterado sus promesas de luchar y terminar contra este mal endémico.
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Además, El Salvador ha suscrito los principales instrumentos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción y por lo tanto se encuentra obligado a adoptar medidas para prevenir, detectar, investigar, sancionar los actos de corrupción.
A nivel constitucional, el país cuenta con instituciones que cumplen roles fundamentales en la lucha contra la corrupción, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República e incluso la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sección de Probidad.
DPLF señala que la legislación aún mantiene la visión de que la corrupción afecta al Estado y sus bienes, cuando en la práctica “es un delito que puede tener víctimas concretas, individuales o colectivas, más allá del Estado o del erario”, en la medida en que se deja de atender a quienes requieren salud y educación, por ejemplo. En esta línea, un desafío importante para la justicia salvadoreña es lograr que se puedan establecer reparaciones adecuadas a las víctimas de la corrupción, para lo cual puede aprovecharse la experiencia que existe en la región en relación con la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, hace que ver la posibilidad de luchar contra la corrupción en El Salvador ha sufrido retrocesos recientes, a través de reformas legislativas o decisiones gubernamentales que dificultan, o directamente impiden, tanto el acceso a la información pública necesaria para detectar actos de corrupción, como la posibilidad de denunciarlos y sancionarlos.
Quien quiera investigar la corrupción para denunciarla se enfrenta actualmente a una verdadera “carrera de obstáculos”, sobre todo después de la remoción abrupta e irregular de las altas autoridades del sistema de justicia —Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República—, lo cual considera “un retroceso grave”, pues se trata de instituciones que cumplen un rol clave en la lucha contra la corrupción.
A la vez, el debilitamiento y precarización de las carreras judicial y fiscal para eliminar las garantías de estabilidad de jueces, juezas y fiscales los hace vulnerables ante presiones indebidas, y crea las condiciones adecuadas para la proliferación de la corrupción en la cadena de la justicia que debe investigar, perseguir y juzgar la corrupción.
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En este sentido, también señala que la legislación aprobada para exonerar de responsabilidad a quienes hayan participado en compras de bienes y prestaciones de servicios en el marco del manejo de la pandemia por covid-19 otorga impunidad a funcionarios públicos y particulares que podrían haber participado de actos de corrupción, es un nefasto precedente que lesiona los principios de integridad, transparencia en la función pública y obstaculiza la fiscalización y el ejercicio de la acción penal en casos de corrupción.
La repentina terminación del mandado de la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES), ocurrida cuando se venían logrando avances significativos en investigaciones relacionadas con actos de corrupción en el contexto de la pandemia, significa la pérdida de un mecanismo internacional que podría haber dotado de un valioso acompañamiento y apoyo técnico a los operadores de justicia encargados de luchar contra la corrupción.
Además señala que la decisión del IAIP que confirma la declaración de reserva sobre toda la información y decisiones adoptadas y en poder de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus auditorías patrimoniales a personas funcionarias públicas, es un obstáculo importante para fiscalizar su posible enriquecimiento indebido, y hacer efectivas sus responsabilidades penales.
La DPLF llama a la Asamblea Legislativa a emitir reformas que signifique reparación a las víctimas de la corrupción, no sólo al Estado como tal, así como derogar la exención de responsabilidad contenida en la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19 y que otorga impunidad a particulares, funcionarios y empleados públicos que podrían haber tenido participación en actos de corrupción en procesos de adquisición relacionados con la pandemia.
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Además, le pide derogar el Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por el Estado en el marco del Régimen de Excepción, aprobado el 24 de abril de 2022.
A la Fiscalía le pide promover la reforma de la legislación orgánica de la institución para introducir mecanismos adecuados de rendición de cuentas, restituir la garantía de estabilidad de los agentes fiscales afectados por el Decreto Legislativo 145 y restituir en sus cargos a aquellos que fueron indebidamente removidos por aplicación de dicha norma legal, así como la reparación de los daños causados. Además, crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción, con capacidades especializadas y recursos suficientes para investigar y perseguir estratégicamente a estructuras complejas de criminalidad organizada que cometan este tipo de delitos.
Al gobierno de Bukele le pide promover el respeto y respetar la independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República, y asumir el compromiso público de respetar y ejecutar sus decisiones, así como promover políticas públicas de integridad, transparencia y responsabilidad de la función pública, que incluyan protocolos y mecanismos para la denuncia de actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado
A la comunidad internacional la llama a apoyar, si fuera el caso, la instalación de un nuevo mecanismo internacional de apoyo en la lucha contra la corrupción en El Salvador, exigiendo condiciones institucionales y legales necesarias para la operación de este tipo de iniciativas con autonomía del poder político, Y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para identificar, documentar y denunciar actos de corrupción.