La comunidad internacional ya difunde en diversos medios su alarma ante la instalación de juicios masivos de hasta 900 personas que implementará el gobierno en el país, en los que podrán condenar sin presentar pruebas, en el contexto del régimen de excepción.
El subdirector de la organización internacional Human Rights Watch, Juan Pappier, declaró que estas nuevas disposiciones imposibilitan una justicia genuina para las personas y sus familias, partiendo de que no se necesitará presentar pruebas que demuestren que los capturados son miembros de pandillas.
“Los juicios masivos en El Salvador impiden que las víctimas de las maras tengan acceso a una justicia genuina, dificultan la liberación de inocentes y violan el debido proceso de todos los detenidos”, señaló Pappier a través de sus cuentas de redes sociales.
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El gobierno ha tenido que admitir que de los más de 70,000 capturados en más de un año bajo el estado de excepción, tuvo que liberar a 5,000 por falta de pruebas. Con la exclusión de pruebas, los inocentes no tendrán oportunidad de salir en libertad. Organizaciones de derechos humanos también han denunciado que hasta mayo 153 de los detenidos habían muerto bajo custodia del Estado.
“Esto es una afrenta directa contra los derechos de las miles de personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción”, , dijo a la agencia AFP la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
“Transcurrido más de un año (régimen de excepción), hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal”, agregó.
La medida también ha despertado las alarmas de la prensa internacional.
Jesús García, editor del medio La Opinión, de Los Ángeles, comparó las disposiciones transitorias con las políticas del expresidente de EE.UU., Donald Trump: “Durante la Administración Trump (2018) se organizaron juicios masivos a inmigrantes, para acelerar su deportación”.
Esto impidió que se determinara quiénes no merecían la deportación e incluso expulsaron a migrantes que ya habían regularizado su residencia.
Por su parte, el director de América del medio español El País, Jan Martínez Ahrens, reaccionó: “Bukele impone los juicios masivos en El Salvador: una ley permitirá audiencias de hasta 900 presos. Un flagrante ataque a derechos básicos y al debido proceso”.
El medio alemán DW también puso interés en difundir las medidas transitorias, pero advirtiendo que ya ha habido señalamientos de alerta de Naciones Unidas ante juicios colectivos.
La Voz de América tambien informó que “el gobierno de Bukele ha sido colocado en el ojo del huracán por organizaciones de derechos humanos a raíz de las detenciones masivas de presuntos integrantes de esas organizaciones criminales, su exposición pública en situaciones denigrantes y su ingreso en prisiones especialmente creadas para ellos”.
La comunidad internacional desde mayo ya señalaba faltas a las garantías de las personas en los juicios colectivos que se implementan en el país, igualmente, por régimen de excepción.
La Organización Internacional de las Naciones Unidas aclaró que las medidas socavan el derecho a recibir un juicio justo. “Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos. El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”, alertó la ONU.