Los movimientos Resistencia Ciudadana, el Bloque de la Sociedad Civil (BSC), el Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y la Plataforma de Abogados Salvadoreños, repudiaron este martes la orden de captura contra Rubén Ignacio Zamora y la califican como “terrorismo de Estado” que busca callar las voces críticas al gobierno actual.
Zamora, junto con otros exdiputados de la Asamblea Legislativa son acusados por la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera por supuesto cometimiento del delito de “encubrimiento personal” a favor de los imputados de perpetrar la masacre de El Mozote y lugares aledaños con la emisión Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, emitida el 30 de marzo de 1993.
“¿Qué es lo que quieren hacer? Callarnos a través de terrorismo de Estado, la orden de captura de Rubén Zamora es terrorismo de Estado clásico y típico”, dijo Ronald Umaña, del movimiento Resistencia Ciudadana.
También señaló que la resolución emitida por la juez no tiene asidero legal y es inconstitucional al violentar el artículo 125 de la Constitución de la República que dice que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. “Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan", dicta la Carta Magna.
“Exigimos que se retire la orden de captura al doctor Rubén Zamora Rivas, no existe ningún asidero legal ni constitucional de ningún tipo para que esta juez haya sacado una orden de captura inconstitucional, ilegal e inmoral”, agregó Umaña.
Consideran que “alguien le ordenó” a la jueza Mirtala Portillo que emitiera la resolución que ordena la detención provisional contra de los exdiputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores, y el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani.
“No hay por donde venir a tratar de darle una orden de captura a Rubén Zamora. Creemos que esto es un acto para callar a la oposición. O sea, el gobierno no tiene argumentos en este momento como para enfrentar a la oposición”,
Ronald Umaña, Resistencia Ciudadana
Además, de eso, Umaña considera que se sentaría un precedente que permita procesar penalmente a los actuales diputados. “Por haberle dado golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, por haberle dado golpe de Estado a la Fiscalía. Ellos tendrían que pagar entonces. Si quieren meter preso a Rubén, también hay que volver a ver para los puya botones”, manifestó.
La Resistencia Ciudadana es uno de los movimientos que más ha reiterado que la candidatura a la reelección por parte del presidente Nayib Bukele es inconstitucional.
“Esto ha sido para que la oposición se calle, ya que él (Zamora) es uno de los máximos líderes de la oposición, en la cual él siempre está llevando ese mensaje de unidad para el pueblo”, dijo Alex Canjura, del Bloque de la Sociedad Civil (BSC).
Desvía la atención de masacre
Para las organizaciones, la resolución tiene un trasfondo político que provendría del gobierno actual y no busca esclarecer los hechos de la masacre en El Mozote de diciembre de 1981.
“El pueblo está esperando ver quiénes fueron los causantes, y ellos saben quién es, ahí están en los archivos, ¿por qué no lo dicen?, ¿a quién encubre? Eso es lo que queremos ver. No que están agarrando a los que aprobaron a los Acuerdos de Paz, a los que hicieron estas leyes”, dijo Canjura.
“Es el gobierno actual de Nayib Bukele el que ha echado a andar todo esto. Esa juez es incapaz de escribir ese documento que ella firmó, alguien se lo escribió, un abogado prepago que tenía un objetivo puramente político”, dijo Luis Parada, candidato a la Presidencia con Nuestro Tiempo.
En cambio, señaló que la misión de la juez es decidir sobre el caso de la masacre de El Mozote, la cual lleva 42 años en espera de justicia, y establecer una verdad jurídica sobre los actores que ejecutaron el crimen. Y que hasta después de eso se podría valorar analizar si hubo algún tipo de encubrimiento.
“En vez de hacer eso, se pone a hacer distracción con absurdos jurídicos, cuando la función de ella sería llevar ese juicio que le fue encargado a ella al final”,
Luis Parada, candidato presidencial de Nuestro Tiempo
Por otro lado, Umaña también valora que este caso sirve como distracción de la incorporación de tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la Lista Engel.
Encubrimiento es delito común
Para llevar a cabo la detención de los exlegisladores, la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera también declaró como delito de lesa humanidad el delito de encubrimiento personal, que de acuerdo al Código Penal se sanciona con pena de entre seis meses a seis años de prisión, y que con esa declaratoria al acción penal no prescribe.
“Sí es cierto que existe ese delito, pero tampoco está bajo los preceptos de la imprescriptibilidad. Eso nunca, son delitos comunes, diferente es que él (Rubén Zamora) hubiera participado en la famosa masacre”, dijo Víctor Mejía Urbano, del Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS).
“La jueza ha hecho una resolución no ajustada al derecho propiamente dicho, porque la verdad de que si nosotros nos ponemos a analizar esa resolución dictada por la jueza, es una resolución fuera de la ley”,
Víctor Manuel Mejía Urbano, Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS)
Parada también calificó como “absurdo” pretender elevar el encubrimiento como delito de lesa humanidad. “Pero solo porque ellos lo dicen no significa que sea cierto, ni siquiera que pase el examen de la risa, que alguien lo pueda leer sin reírse. Cualquier persona que lee eso, cualquier abogado que lee esa resolución se tiene que reír, eso es inválido completamente”, dijo.
No dio su voto a amnistía
En su pronunciamiento, las organizaciones repudiaron la resolución que califican como “aberración judicial”, y pone en evidencia “la política de persecución que la dictadura de Bukele está poniendo en práctica contra la sociedad civil que se le opone”, expresaron.
También señalan que según la prueba documental Rubén Zamora no votó por la Ley de Amnistía ni firmó el decreto de su creación como integrante de la Junta Directiva del órgano Legislativo en 1993.
“En el este caso se ha juzgado al Dr. Zamora por un delito que no ha cometido, y a quien se le está negando la aplicación de debido proceso”, dicen las organizaciones. Incluso señalan que Zamora y su bancada del partido Convergencia Democrática se salieron de la plenaria y no votaron por la Ley de Amnistía.
No obstante, señalan que el hecho de ser directivo de la Asamblea en aquel momento no le hace responsable de las decisiones del pleno, ya que la junta directiva realiza tareas administrativas. “Solo es administrativa, quien manda en la Asamblea es el pleno, la cantidad de votos que se emitan en el pleno”, dijo Umaña.
Mejía Urbano también criticó que la resolución de la jueza no menciona a los diputados mocionantes de la Ley de Amnistía, ni contra todos los firmantes del decreto de la ley, entre ellos Mario René Figueroa, quien fue funcionario en el gobierno de Elías Antonio Saca.
“Considero que la jueza ha hecho una resolución no ajustada al derecho propiamente dicho, porque la verdad de que si nosotros nos ponemos a analizar esa resolución dictada por la jueza, es una resolución fuera de la ley”, dijo el abogado.
Las organizaciones no descartan acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Senado de los Estados Unidos, así como hacen llamados a la Organización de Estados Americanos (OEA).