Los partidos Vamos, Nuestro Tiempo y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentaron este martes 5 de julio una pieza de correspondencia para que El Salvador ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esta propuesta surge en el marco del régimen de excepción que ejecuta el Gobierno de Nayib Bukele desde el 27 de marzo pasado para “combatir la delincuencia”. Organizaciones y medios de comunicación han informado sobre una serie de denuncias respecto a detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos y malos tratos en centros penitenciarios bajo esta medida excepcional.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, destacó en rueda de prensa que se han tenido noticias de varios casos de detenidos que muestran signos de golpizas y que han fallecido. “Consideramos que el Estado salvadoreño debe de responder por qué sigue encarcelando inocentes”, manifestó.
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El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que en el país ya no existen instituciones independientes que puedan verificar el estado de las personas privadas de libertad. “Creo que cualquiera que entienda la actual dinámica del poder entiende que la independencia no existe para velar por estos derechos”, apuntó.
Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, detalló los alcances del Protocolo con respecto a organismos internacionales para verificar la condición de trato a los privados de libertad.
Este protocolo “consiste en la obligación que el Estado adquiere tanto a nivel nacional como internacional de que organismos internacionales y un subcomité nacional puedan ingresar a centros penales para verificar el cumplimiento de los derechos humanos de personas privadas de libertad, indistintamente del delito cometido o por el cual están siendo procesado”.
El parlamentario enfatizó que este protocolo ha sido firmado por la mayoría de países de América Latina. “Fundamentalmente la ratificación de este protocolo significa una validación y un compromiso con la democracia, con los derechos humanos y sobre todo con el respeto al debido proceso legal de aquellas personas privadas de libertad”, indicó Portillo Cuadra.
Los legisladores esperan que la Junta Directiva de la Asamblea gire instrucciones a la Comisión de Relaciones Exteriores para que se proceda al análisis de tal propuesta.