La banda "Ganaderos de Chalate" dedicada al tráfico de personas y liderada por el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, fue desarticulado en un operativo de la Fiscalía General de la República.
Este se realizó en el marco de una investigación que ha revelado la implicación de varios sujetos, entre ellos un fiscal, un notario, un docente universitario y empleados del sector público, quienes facilitaron las operaciones ilegales de la estructura.
De acuerdo con el reporte fiscal, la red de tráfico de personas era dirigida por Ayala Flores, quien actualmente cumple una condena de 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico ilegal de personas.
Según las investigaciones, el exalcalde coordinaba las actividades del grupo, dándole instrucciones a los ahora detenidos para ejecutar funciones específicas.
En el marco de la operación, el Ministerio Público realizó cinco allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Chalatenango y Soyapango, donde se incautó documentos, equipos informáticos, dinero en efectivo y celulares.
Entre los detenidos se encuentra: Noé M., fiscal auxiliar de la Oficina Fiscal de Chalatenango, quien es procesado por incumplimiento de deberes y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos.
En las investigaciones iniciales se detalló que el fiscal aprovechó su cargo para obtener información confidencial del sistema de Fiscalía, alertando al líder de la estructura criminal sobre denuncias en su contra y el avance de los procesos judiciales.
Además, se le atribuye el haber asesorado a los abogados defensores de Ayala Flores en la presentación de escritos legales.
Mientras que Jaime Álvaro M., abogado y notario, enfrenta cargos por falsedad material e ideológica agravada, ya que presuntamente falsificó documentos para facilitar las operaciones ilegales de los "coyotes".
Por su parte, José Matías C., docente universitario, también es acusado de falsedad material e ideológica agravada, por su presunta colaboración en la creación de documentos falsos para beneficiar a la estructura.
Asimismo, José Mario B., empleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), es acusado de verificar información sobre propiedades a cambio de dinero, con el fin de apoyar la red en la adquisición y disposición de bienes de manera ilícita.
A todos los detenidos se les imputará además el delito de agrupaciones ilícitas, al formar parte de una estructura que operaba, sobre todo, en Chalatenango.
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