El Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias expresó su preocupación ante la vulneración de los migrantes salvadoreños víctimas de delitos en el extranjero, esto durante la revisión del tercer informe periódico.
Luego de tres sesiones celebradas en Ginebra en las que se examinó al Estado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dirigió sus observaciones para El Salvador, entre las que destaca la preocupación del Comité ante el poco acceso a la justicia que tienen los trabajadores migrantes, recalcando que esto se debe a grandes rasgos a la desconfianza que las personas tienen en las autoridades nacionales.
Por lo cual se pidió la implementación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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Para el caso de los salvadoreños desaparecidos, fallecidos o que fueron víctima de otros delitos en el extranjero ya sea en países de destino o de paso como México, el Comité lamentó que las familias de las víctimas no hayan recibido ningún tipo de información sobre el paradero de los migrantes o de los resultados de las investigaciones que se debían realizar en cada caso.
Por lo que los representantes de la ONU hicieron un llamado al Estado salvadoreño para mejorar el acceso a la justicia para todos los migrantes, a través del fortalecimiento de las capacidades del personal que se encuentra en primera línea, esto permitiría incrementar la confianza de la población hacía las autoridades locales.
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El organismo instó a las entidades gubernamentales a garantizar el derecho de la verdad y una reparación adecuada en el caso de los migrantes salvadoreños que han perdido la vida fuera del territorio, así como de quienes han sido víctimas de delitos mientras trabajan en el extranjero.
Aunque ha existido un avance en la redacción de la Ley Especial de Movilidad Humana y la creación de un Plan Nacional de Migración, aún no se tiene un diálogo real que permita un proceso transparente y participativo con la sociedad.
Por lo que se recalcó la necesidad de crear un espacio de diálogo que cuente con amplia participación de la población durante el desarrollo de la referida ley y por consiguiente el plan nacional.