Si la idea del gobierno de El Salvador es cumplir a corto plazo con los convenios laborales ratificados por la Asamblea el lunes 16 de mayo de 2022, el compromiso adquirido por el Estado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especialmente con la población es “puro humo y letra muerta”, advierten los economistas Rafael Lemus y José Luis Magaña.
¿Por qué razón? De acuerdo a los expertos, honrar esos derechos laborales no es malo, el problema es que el Estado ha tomado una decisión meramente “mediática, sin planificación” y sin tomar en cuenta que el actual panorama económico mundial apunta a más estancamiento y recesión.
“No es el mejor momento después de la pandemia, el mundo está entrando a una especie de más inflación, probablemente con más estancamiento y recesión, el conflicto de Ucrania no se ve el final, incluso, podría agarrar otro nivel internacional. No es como la mejor situación económica, la bonanza, ni siquiera hay un contexto económico que acompañe esto (la ratificación de los convenios)”, valoró el economista Rafael Lemus.
Uno de los tratados internacionales firmado por El Salvador en el 2000 con la OIT y ratificado este 16 de mayo de 2022 por la Asamblea, que suenan muy bien para la población tras más de dos décadas de no haberse adquirido el compromiso de aplicarlo, es el 183 sobre la “Protección de la Maternidad”.
VER: ¿Qué contienen los 4 convenios en materia laboral que fueron ratificados en la Asamblea?
El convenio ratificado busca la equiparación de la licencia por maternidad tanto para la mujer como para el hombre. Los diputados la aumentaron de 16 semanas a 18 semanas para ambos padres. Antes los padres solo tenían derecho a 3 días por paternidad.
José Luis Magaña, coordinador de investigación en Panorama Económico, sostiene que lo anterior es un “elemento positivo”, para ir avanzando en otro tipo de sociedades más equitativas y progresistas y no dejar solo la carga a las mujeres, pero hay que determinar cuál será el papel del Estado, para que esa relación tripartita: madres, padres y Estado se cumpla a cabalidad en el convenio ratificado.
“¿Cuál será la contraparte que el Estado va a poner para asegurar este tema de los cuidados? ¿Va a ser el Estado quién asuma o cómo va a financiar el Estado asumir licencias de maternidad o licencias de paternidad? El punto no es tanto si es bueno o no es bueno que existan licencias de maternidad y paternidad, sino más bien, como los Estados son capaces de asegurar la sostenibilidad de eso”, se pregunta Magaña.
A esta parte responde un tanto Lemus, que en el área gubernamental las licencias por maternidad y paternidad no podrían significar un problema para el gobierno, pero sí para el sector privado.
“Para las empresas es un costo que deben asumir, que la persona no labore, además de los costos baja la productividad”, manifestó Lemus.
En cambio, para el Estado el convenio que lo pone en aprietos dada la situación fiscal que atraviesa es el pago de cesantías laborales. En este punto, Magaña expresó que no se ha determinado cuál será la línea de financiamiento.
"¿Qué debería de dejar de hacer? ¿Qué cosas no son prioritarias para que el Estado enfoque su accionar en estas cosas que sí se deberían estar realizando? una de tres: o queda en papel o se le recorta a otras cosas para financiar alguna línea que de cumplimiento a esto, aunque sea parcial; o una tercera, que dudo mucho que pase, pero es una alternativa, que se dejaran de usar fondos públicos de manera discrecional y se utilicen como debería de ser", recomendó Magaña.
Ante esto, Lemus considera que el gobierno ha ratificado dichos convenios como una forma de ganar simpatías mediáticamente, que la idea sería ir progresivamente aplicándolos y no de inmediato como esperaría la población tras su ratificación en la Asamblea y posterior publicación en el Diario Oficial.
Magaña por su parte detalló que tras ese proceso sigue otro que implica que los parlamentarios hagan las reformas pertinentes a cada cuerpo normativo, ya sea al Código de Trabajo, al de Familia o al Reglamento del Ejecutivo relativo al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para que estos convenios sean ley de la República y entren en vigencia.