Así como se ha visto surgir nuevas instituciones también los salvadoreños han presenciado el ocaso de otras entidades que fueron eliminadas por completo o que han pasado a manos de otras carteras de Estado.
Ese es el caso de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (Digestyc), una institución con más de 140 años de vida que pasó a llamarse Oficina Nacional de Estadística y Censos bajo el mando del Banco Central de Reserva (BCR), tras haber estado adscrita al Ministerio de Economía por décadas.
Lo mismo pasó con el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (Inpep), que tenía casi 50 años de existencia, y pasó a llamarse Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), pero con más facultades que la entidad que quedó eliminada.
Esta nueva entidad tendrá ingresos corrientes por $577,070,272, de los cuales deberá pagar las pensiones, de acuerdo a la nueva ley que fue aprobada en diciembre de 2022. De los recursos que reciba deberá erogar $5,449,038 para remuneraciones de los empleados.
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Otra entidad desmantelada fue la Dirección de Hidrocarburos y Minas que estaba bajo el mando del Ministro de Economía, pero que en octubre de 2021 pasó a ser la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, adscrita al Ministerio de Hacienda. Un año después, en octubre de 2022, Hacienda también le quitaba el control a Economía sobre el Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE).
Esta nueva dirección que surgió de la fusión del Consejo Nacional de Energía (CNE), el cual fue disuelto, y la extinta Dirección de Hidrocarburos, tiene asignado un presupuesto para este año de $3,139,688, según datos oficiales.
Y al inicio de este gobierno hubo otros cambios en instituciones como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el cual se convirtió en el actual Ministerio para el Desarrollo Local, cuyo presupuesto para este año es de $52.6 millones.
Asimismo, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estaba adscrito al Ministerio de Obras Públicas, pasó a convertirse en esta gestión en el Ministerio de Vivienda y bajo su sombrilla operan el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Instituto de Legalización de la Propiedad. Esta cartera de Estado manejará un presupuesto para este año de casi $22.4 millones.