Ocho personas, entre exempleados municipales, actuales miembros del Concejo de Conchagua y representantes de empresas admitieron delitos de corrupción a cambio de no recibir penas de cárcel.
El exalcalde de Conchagua, Jesús Abelino Medina Flores, quien también es enjuiciado, no recibió la misma gracia.
Medina y los otros acusados enfrentaron ayer la audiencia inicial en el Centro Judicial Dr. Hugo Lindo en la ciudad de La Unión.
Los imputados son acusados de peculado o supuesto desvío de recursos del erario en perjuicio de la Administración Pública.
Según las autoridades, el delito habría sido cometido durante la administración municipal para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó que les concediera un proceso abreviado a ocho de los procesados a cambio de que admitieran los delitos.
Las condiciones que se estipuló entre la defensa y la Fiscalía para los ocho imputados beneficiados fueron la admisión de delito, una pena de tres años de cárcel con libertad condicional y el pago de $65,000 que reclama la Fiscalía, es decir, cada uno tendrá que pagar $4,404.
Excluyen al alcalde
Rigoberto Hernández Guido, abogado particular de la primera regidora Nohemí Margarita Jiménez, señaló que su cliente y otros procesados aceptaron el proceso abreviado.
Hernández Guido explicó que el procedimiento abreviado es una salida alterna permitida por la legislación penal si se admiten los hechos y se someten a las condiciones que da la ley. Pero debe tener el aval del Ministerio Público.
Pero esto no fue así para el exalcalde Jesús Medina y dos contratistas que tienen la calidad de cómplices necesarios, porque la Fiscalía no lo aceptó, sino que deben someterse al proceso ordinario.
Pruebas de cargo
Entre las evidencias del caso se mencionan los contratos y pago de los servicios artísticos de una cantante mexicana para la celebración de las fiestas en el 2020, el pago por servicios de decoraciones alusivas a las fiestas en el año que se suspendieron todas las concentraciones en los espacios públicos por la pandemia sanitaria de covid-19.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) tenía un informe suscrito por el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con los resultados de las auditorías a los gobiernos municipales y en particular a la alcaldía de Conchagua, para determinar los destinos de los fondos asignados para mitigar los efectos del covid-19 y la tormenta tropical Amanda.
El Estado le transfirió al referido municipio $1,502,830.89.
Proyecto de pozo
De acuerdo con las autoridades, en la alcaldía se desarrollaba un proyecto denominado “Perforación de pozos y distribución de agua potabilizada para el caserío El Palmar 1”. La obra fue aprobada en reunión de concejo el 28 de abril de 2020. El monto del proyecto era de $47,677.15. La municipalidad y la empresa firmaron el contrato del proyecto.
Al parecer, los funcionarios justificaron la necesidad de la perforación de un pozo, aunque existiera la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
Solo un miembro del concejo expuso que su inconformidad por escrito, por no haberse presentado informe técnico del proyecto. Alegó que no se comprendió si el señalamiento se trataba del proyecto donde hay una carpeta técnica de la ampliación o mejoramiento del abastecimiento de agua para el área periférica y casco urbano o de otro distinto. Añadió que para las mejoras en el suministro de agua se había aprobado una carpeta técnica con fecha del 18 de marzo de 2020 por un monto de $47,995.05.
Según la Fiscalía, cuando la alcaldía asignó el proyecto por el cual son ahora procesados, contaba con los fondos propios. Para el 18 de marzo de 2020, el Estado aún no había transferido los fondos designados para mitigar el covid-19, ni la tormenta Amanda.
Sin embargo, encontraron que la comuna pagó con dos cheques a favor de una empresa, haciendo un total de $35,655.41, y esos fondos eran parte de los que transfirió el Estado a la comuna para atender dichas emergencias a la alcaldía.
Las investigaciones concluyen que el proyecto se encuentra inconcluso y en total abandono.