El Informe Anual sobre el estado de los Derechos Humanos en El Salvador, publicado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), destaca como prioritaria la violación de seis derechos humanos en el país durante el año 2022.
Estos son el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al acceso a la justicia, a la reparación integral de las víctimas y el derecho a la libertad de expresión.
En el informe se establece que la selección de estos seis derechos se hizo bajo el criterio de ser los que presentan mayores índices de victimización o porque están relacionados a las obligaciones estatales de respeto y garantía.
Todos han sido estudiados en un período que comprende a la implementación del régimen de excepción, que a finales de marzo de 2023 llegó a un año desde su aprobación y que coincide con lo que numerosos especialistas han denunciado como un importante retroceso en el respeto a los derechos humanos de los salvadoreños.
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El informe también recopila datos sobre otros tipos de violencia generada por actores no estatales como la desaparición de personas, la violencia sexual, el desplazamiento forzado interno y la violencia homicida.
El derecho a la vida
En el análisis de la situación sobre este derecho, el OUDH toma como referencia el uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados. Según el observatorio, es una facultad legal otorgada a la Policía Nacional Civil (PNC) cuando la vida de los agentes policiales o la de terceros corre peligro frente a una amenaza de igual magnitud.
Sin embargo, el análisis de los datos demuestra que continúa existiendo una constante en cuanto a abusos policiales se refiere. La OUDH informó que, durante 2022, la PNC registró un total de 171 enfrentamientos armados, un 62.9% más que el 2021. Este dato promedia un enfrentamiento cada dos días y se acerca a la frecuencia del año 2020.
Además, durante el mismo año, se registraron 82 personas particulares muertas en enfrentamientos armados, catalogados por las autoridades como pandilleros. “Esto representa un aumento del 67.3% respecto del 2021, cuando la institución reportó 49 personas fallecidas en las mismas condiciones”, indica el informe de la OUDH.
Por otro lado, la PNC registró 51 personas particulares muertas en enfrentamientos armados que, comparados con 2021, representan un incremento del 82%.
Derecho a la libertad personal
El informe establece que, según la PNC, las denuncias activas con las que finalizó el 2022 fueron 306. Entre el año 2020 y el 2021, se registró un aumento de 31.35%. Por el contrario, del año 2021 al 2022, hubo una disminución del 52.26%, con respecto a las denuncias activas.
Hasta ahora, para las diferentes organizaciones ha sido complejo conocer el total de denuncias ingresadas en 2022, solamente los casos que se encontraban activos al finalizar el año. De igual forma, no se puede identificar el estado de los casos con las diferentes tipologías que realiza la institución.
Entre los hechos violatorios que expone el documento se encuentra la desaparición forzada, con un 50%; la negativa a investigar la desaparición, con 25%; la omisión o negligencia del Estado para investigar y sancionar la desaparición forzada, con un 18.73% y los obstáculos a la investigación de la desaparición, con un 6.25%.
Derecho a la integridad personal
Para el 2022, la PNC entregó un informe que establece que 69 miembros de ese cuerpo de seguridad pública, eran investigados por cometer faltas graves y muy graves durante el 2022. Aproximadamente, el 90% de los acusados eran hombres. Este mismo informe señala un total de 20 tipos de faltas investigadas: 10 graves y 10 muy graves, según lo explicado por la OUDH.
La Inspectoría General de Seguridad Pública, para el mismo año, reportó un total de 552 denuncias por vulneración a derechos humanos. Aproximadamente el 80% de los casos se concentra en la presunta violación a la libertad (158 casos), seguridad personal y seguridad pública (123 casos), integridad física (68), acceso a la justicia (48) y malos tratos o crueles (42); el resto -113 casos- alegan vulneración al derecho a la vida, intimidad, vida libre de violencia, dignidad, seguridad jurídica, entre otros.
Derecho de acceso a la justicia
El informe dice que según registros de la Corte Suprema de Justicia, durante el año 2021, la Sala de lo Constitucional reportó un total de 465 habeas corpus ingresados, mientras que en el 2022 se registraron 3,396 ingresos.
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Lo anterior, representaría un aumento del 630%, principalmente como resultado de las medidas adoptadas en el marco del régimen, que en la práctica se han traducido en masivas detenciones arbitrarias e ilegales.
Las principales instituciones denunciadas han sido: Policía Nacional Civil con 118 señalamientos, distintas alcaldías municipales (56 señalamientos), Fiscalía General de la República (55), hospitales públicos y clínicas comunitarias (28) y distintas dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional (18).
Derecho a la reparación integral de las víctimas
La OUDH dijo que en el primer trimestre de 2022, con la suspensión total de las garantías judiciales se originó un escenario para que se cometieran diversas arbitrariedades y abusos por parte del Órgano Judicial y de instituciones con un mandato en tareas de seguridad y persecución, 168 del delito.
Derecho a la libertad de expresión
Desde la aprobación del régimen de excepción ningún ciudadano que solicite datos o cifras sobre homicidios recibe información por parte de instituciones públicas debido a que han sido declarados en como información reservada.
El OUDH expone que tampoco es posible, por ahora, utilizar la Ley de Acceso a la Información para conocer de forma efectiva si los asesinatos cometidos durante la escalada de homicidios 26 y 27 de marzo de 2022, han sido oportunamente investigados, así como judicializados por la Corte Suprema de Justicia, según lo establece la organización.