El equipo de Observa El Salvador 2024, entre el 29 de enero y el 23 de febrero, recibió 539 reportes de su equipo de observadores desplegados a lo largo del territorio nacional, de entre los cuales identificaron 235 casos de posible uso de recursos públicos en campañas electorales en los territorios observados.
El consorcio Observa El Salvador lanzó el informe sobre uso de recursos públicos en la campaña para los concejos municipales e incidentes, reportes de violencia y conflictividad electoral en las semanas previas a la jornada del 3 de marzo.
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Sobre el posible uso de los fondos públicos, el 23.0% fue observado de manera directa por integrantes de la red de observadores; la mayoría de los casos, 76.0%, fue identificado de manera indirecta en publicaciones en redes sociales, particularmente Facebook; solo el 1.0% de los casos se reportó a partir de publicaciones de medios de comunicación digital.
Los casos identificados involucran 69 distritos de 24 municipios, pertenecientes a ocho departamentos. De los casos encontrados, 19 ocurrieron en el departamento de San Salvador, por el partido Nuevas Ideas; 20, también por el instituto político cian, en La Libertad; en la zona norte del país, hubo nueve casos por ARENA y ocho por Nuevas Ideas; en la zona paracentral del país, 20 infracciones, todas de Nuevas Ideas; y en la zona occidental, 26 registros, todos cometidos también por el partido de Gobierno. En los casos anteriormente mencionados, la mayoría fueron cometidos por alcaldes activos, así como una ministra de la administración Bukele y una diputada oficialista en la Asamblea Legislativa vigente.
Para la clasificación de presuntos casos de uso de recursos públicos o prevalencia del cargo con fines electorales, se definieron las categorías del uso de trabajadores públicos en campaña electoral; uso de instalaciones / edificios estatales; uso de bienes institucionales tales como vehículos, aparatos, equipo o maquinaria estatal u otro recurso o bien público; la inauguración de obras estatales con fines electorales.
Asimismo, la entrega de beneficios sociales de parte del gobierno con fines propagandísticos; eventos sociales que hayan sido financiados con fondos públicos; uso de redes sociales oficiales para difundir propaganda electoral partidista.
Simultáneamente, en cada caso se evaluó la participación de algún funcionario público, constitutivo de la prevalencia del cargo y además a qué partido político o candidatura habría beneficiado tal actividad, estableciendo si la persona busca reelección o aspira a otro cargo que será sometido a elección en el proceso electoral 2024.
El Código Electoral prohíbe, durante los 30 días anteriores a la fechas de las elecciones, al gobierno central, concejos municipales y demás entidades autónomas la publicidad de “(…) las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado”.
A partir de los presuntos casos de recursos públicos para fines electorales y de prevalencia del cargo, Observa El Salvador señaló la ocurrencia de una decena de hallazgos.
Además, en 95 eventos se reportó el uso de trabajadores públicos en campaña electoral, en su mayoría llevados a cabo en horarios laborales. Esto llevó a que destacaron en la participación en eventos festivos como rodeos y festivales, así como la animación del público con dinámicas y artistas. Además, se observaron en la entrega de refrigerios y la visita casa por casa en la comunidad.
Las y los empleados también habrían sido utilizados para la entrega de materiales para construcción, asistencia a graduaciones en escuelas comunitarias y la promoción de candidaturas mediante la entrega de promocionales partidarios.
“Se registraron 21 casos en los que se determinó el uso de vehículos municipales. En 34 casos se observó presumiblemente bienes institucionales tales como equipo o material estatal público, de los cuales el 82.3% correspondía a las alcaldías”, señala el informe de Observa El Salvador 2024.
Por otra parte, el consorcio documentó 61 casos de inauguraciones o anuncios de obras o servicios públicos en periodos prohibidos, incluyendo la construcción de parques, canchas deportivas, calles, puentes, y proyectos de agua como pozos y conexiones, obras de electrificación.
“A pesar de las restricciones legales, se observa una amplia gama de iniciativas que podrían influir en la percepción pública y generar ventajas políticas para quienes las promueven”, advirtió el consorcio.
Hubo, además, 40 casos de entrega de beneficios sociales de parte de las municipalidades o el gobierno central con objetivo propagandístico.
“Se identificaron 210 casos en los que el uso de recursos públicos se utilizó para la promoción directa de candidaturas específicas; 149 de esos casos corresponden a personas que buscan la reelección”, informó el consorcio, instando a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a hacer la investigación pertinente de los casos.
Para el consorcio, es preciso recordar que el alcance de la observación “no es lo suficientemente amplio como para referirse a una muestra estadísticamente significativa”, pero que aún así registraron una cantidad “relevante” de casos que pueden ser constitutivos de propaganda electoral con uso de recursos públicos, a pesar de prohibiciones explícitas de ello, la mayor parte por Nuevas Ideas. (Ver gráfico).
Violencia y conflictividad electoral
Entre el lunes 29 de enero y el domingo 25 de febrero, Observa conoció de 97 hechos, de los cuales 48 corresponden a conflictividad y 49 casos a violencia electoral, dejando como promedio la cifra de 3.46 hechos por día.
Una alta concentración de agresiones fueron generadas por miembros del Tribunal Supremo Electoral, funcionarios de la Fiscalía General de la República, trabajadores de alcaldías municipales, entre otros.
Los hechos de violencia evidenciados fueron amenazas, agresión física, insultos, acoso, intimidación, destrucción de bienes materiales, detención arbitraria, violencia contra la mujer, difamación, lenguaje verbal agresivo e intimidatorio, exposición de imagen personal, injurias contra partidos políticos de oposición, limitación al ejercicio periodístico, silencio electoral interrumpido y limitación al derecho de observación electoral.
Y entre los actos de conflictividad electoral reportados figuran irregularidades en cadena de custodia de paquetes electorales, campaña adelantada, injuria hacia la oposición, uso indebido de espacios publicitarios privados, negligencia con material electoral, inconsistencias en normativas del TSE, limitación en la confirmación de JRV, irregularidades en el proceso electoral y uso de autoridad pública para restricción de vigilancia electoral.