Las gerentes Legal y Financiera del Ministerio de Obras Públicas fueron cesadas antes de las vacaciones por causas aún no reveladas por esa cartera de Estado.
Fuentes internas señalaron que ambas funcionarias, de alto nivel, fueron despedidas por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
“Fueron despedidos, por algo que tiene que ver con el proyecto del viaducto que el MOP construirá en Los Chorros”, afirmó la fuente a El Diario de Hoy.
Agregó que hubo un punto de discordia en torno al costo del proyecto millonario llamado Viaducto de Los Chorros que costará unos $372 millones aproximadamente, gracias a un préstamo del gobierno de Corea del Sur.
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Las funcionarios despedidas son: Alejandra María Hernández Servando, gerente Legal del Ministerio de Obras Públicas, y María Angélica Hernández Hernández, gerente de la Unidad Financiera Institucional (UFI).
El Diario de Hoy consultó vía Twitter al Ministerio de Obras Públicas sobre los motivos de la destitución de ambas funcionarias, pero a la hora de publicación de esta nota aún no había dado una respuesta oficial sobre la situación.
Recién el lunes, el ministro Rodríguez reveló que el proyecto ha sido adjudicado a una empresa coreana, Dongbu Corporation, y que será ejecutado en tres etapas.
Los perfiles
En el caso de María Angélica Hernández Hernández, en su cuenta de LinkedIn actualizó su estado y experiencia en el MOP de agosto 2019 a marzo 2023, es decir tres años ocho meses, como gerente Financiera Institucional en el MOP. Lo que significa que ya no funge como la gerente Financiera de esa cartera. Hernández Hernández es una profesional graduada de la Universidad Centroamericana (UCA), con dos maestrías.
Se trató de contactar vía celular a Alejandra María Hernández Servano, la exgerente Legal del MOP, pero su móvil mandaba a buzón de mensajes. También esta profesional es graduada de Derecho de la UCA y con un máster en Derecho de Empresa de la misma universidad, de acuerdo con información del Portal de transparencia. Su perfil ya no está activo.
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Según reforma de contrataciones mandos medios serán los responsables
De acuerdo con las últimas reformas aprobadas por los diputados de Nuevas Ideas a la ley de compras y adquisiciones del Estado, serán los empleados de las instituciones públicas los que pagarán con cárcel cuando se cometan delitos de presunta corrupción, y ya no los funcionarios como ministros o viceministros encargados de dirigir las carteras de Estado.
Las reformas aprobadas, en febrero pasado, señala que si un subalterno recibe la orden de un funcionario para que participe en un proceso de contratación estatal bajo la nueva Ley de Compras (que sustituyó a la LACAP), será responsabilidad directa del empleado lo que resulte de ese contrato, por lo que esa persona será quien deberá responder por las infracciones y delitos ante la ley.
El artículo 18 de la nueva ley detalla que: “la máxima autoridad de cada institución tales como Ministros, Juntas o Consejos Directivos, Concejo Municipal y demás según la estructura orgánica de cada institución, o a quien dicha autoridad nombre como su delegado para todos o determinados actos, será la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de los documentos de solicitud de ofertas y adendas, so pena de nulidad, teniendo la competencia para la emisión de actos conforme a lo establecido en esta ley, tales como: adjudicar, declarar desierto, dejar sin efecto o suspender, modificaciones contractuales, prórrogas, nombramiento de panel de evaluación de ofertas o evaluadores, de comisión especial de alto nivel, de administradores de contratos u orden de compra, terminación anticipada de contratos excepto la caducidad”.
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En su momento, diferentes abogados en administración pública y penal consultados por El Diario de Hoy señalaron que tal como está aprobada la ley, significa que el titular de la institución responderá en el ámbito civil, pues su deber abarcará hasta la “supervisión”, pero el subalterno tendrá la responsabilidad penal y patrimonial de las acciones tomadas en los procesos de contratación pública.
Según los abogados consultados, si se comete un delito en un contrato de una obra de infraestructura o en una compra de bienes y servicios, quien deberá pagar con cárcel no será el funcionario de más alto nivel de la cartera de Estado, sino el empleado a quien le delegaron la responsabilidad de hacer la contratación.
En el caso de los gerentes destituidos en Obras Públicas, Legal y la Financiera, ambas eran las encargadas de avalar y desarrollar diferentes tipos de contratos en esa cartera de Estado.