El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que la fracción de Nuevas Ideas se encuentra “feliz” por la sanción del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la ley de la minería metálica en El Salvador, tras años de prohibición.
“La sanción era algo que era lógico, la iniciativa fue del presidente, nosotros como diputados le hemos dado las herramientas para que eso sea un hecho, ya se sancionó y estamos contentos por eso”, dijo Castro este domingo, tras un evento institucional.
La ley fue sancionada por Bukele el mismo día en el que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre de 2024, según consta en el Diario Oficial publicado esta semana con fecha 23 de diciembre.
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Castro espera que "sea un proyecto que beneficie a la mayoría de los salvadoreños".
La ley fue aprobada contra la voluntad popular y las advertencias de los múltiples riesgos que señalan ambientalistas e investigadores.
Especialistas de la Universidad de El Salvador conversaron la semana anterior sobre los impactos que tendría en un territorio pequeño como El Salvador.
El investigador de la Facultad de Química y Farmacia, Roberto García, señaló la inviabilidad de comparar la minería que se realiza en otros países con la que el gobierno pretende realizar en el país a través de la creación de sociedades.
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García compara las dimensiones de países como Canadá de 9,984 millones de km² y cuatro habitantes por cada uno. En cambio, un país como El Salvador, tiene 21.040 km² y más de seis millones de personas o el equivalente a 286 personas en promedio por kilómetro cuadrado.
Los científicos advirtieron que la prohibición de la minería metálica en 2017 se basó en el resultado de un estudio de las Naciones Unidas que determinó que el país tiene el mayor grado de deterioro ambiental de América, solo después de Haití.
La investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UES, Velia Sosa, indicó que la minería genera contaminación medioambiental; de los suelos, deforestación, pérdidas de especies y de biodiversidad.
La ley prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras; sin embargo, no hace lo mismo con otros productos altamente nocivos para el ser humano, como el arsénico y el cianuro, algo que fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno todavía puede corregir esta ausencia en los manuales con los que se operará esta ley.