Noah Bullock: Se podría llegar a encarcelar también a ciudadanos estadounidenses

"El pueblo estadounidense debe ser consciente del sistema penitenciario al que su gobierno está enviando a los migrantes deportados, un sistema que, en el peor de los casos, podría llegar a encarcelar también a ciudadanos estadounidenses".

Así lo advierte Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una organización de derechos humanos con presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, en un artículo publicado en la influyente revista Foreign Policy.

Bullock observa lo anterior dado que, aunque la ley de EE. UU. prohíbe la deportación de ciudadanos estadounidenses, "la administración de Trump ha demostrado una tendencia recurrente a ignorar las normas y desobedecer órdenes judiciales".

A este respecto recuerda que El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que legalmente se conoce como un "estado de excepción". En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta medida suspendió derechos básicos del debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido a al menos 85,000 personas sin órdenes judiciales, según la Asamblea Legislativa de El Salvador, reseña Bullock.

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En seguida menciona que El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2% de su población en prisión y la población carcelaria ha pasado de 38,000 personas en 2019, al inicio del gobierno de Bukele, a un estimado de 120,000 personas en la actualidad, la mayoría aún sin decidir si son culpables o inocentes.

Según el defensor de derechos humanos, aún no hay fechas de juicio para los 85,000 detenidos sin órdenes judiciales, y "si los juicios llegan a realizarse, es poco probable que sean justos", pues serían masivos, probablemente "más de 900 personas a la vez" y enfrentando penas de 20 a 40 años en tribunales dirigidos por jueces cuya identidad es secreta.

En su artículo, Bullock reseña el testimonio de exreclusos al llegar a las cárceles "fueron recibidos por guardias que los golpeaban y les advertían que no saldrían caminando". "El gobierno presume en redes sociales sobre el trato severo a los presos y su alto índice de encarcelamiento. Ha producido imágenes y videos en alta resolución de los detenidos y las prisiones, los cuales son difundidos por los medios de comunicación en todo el mundo", recuerda.

"En el centro de la propaganda de Bukele se encuentra la ahora infame megacárcel de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 con capacidad para 40,000 reclusos. Actualmente, opera a la mitad de su capacidad. Las imágenes distribuidas por el gobierno y el contenido de visitas de prensa cuidadosamente organizadas a CECOT han aparecido en numerosos reportajes internacionales sobre el estado de excepción en El Salvador. Los prisioneros tienen cabezas rapadas, rostros tatuados y visten ropa completamente blanca, incluidas Crocs blancas", expone.

ACLU: "Los llevan a una de las peores prisiones del mundo"

Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), autora de una demanda contra las deportaciones, advirtió en una corte de apelaciones que los venezolanos y de otras nacionalidades están expuestos a ir a "una de las peores prisiones del mundo", refiriéndose al CECOT.

"Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas", alertó, según la Agencia France Press (AFP).

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió que tuvieron que enviar a 238 venezolanos a Guantánamo o a El Salvador porque el régimen de Nicolás Maduro «no aceptaba a su gente». «Tuvimos que encontrar un lugar adonde enviarlos, especialmente a los que tenían antecedentes o sobre los que teníamos fuertes sospechas y pruebas de que estaban involucrados en actividades ilícitas», agregó.

Preguntado por si en el acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se abordó alguna disposición para garantizar que las personas identificadas erróneamente como pandilleros tuvieran acceso a recursos legales o a obtener su liberación, Rubio defendió que los enviados a El Salvador eran pandilleros y personas que EE.UU. sabía que estaban involucradas en actividades perjudiciales para el país.